Las encuestas son una fotografía del momento, no una sentencia definitiva sobre un gobierno. Sin embargo, cuando distintos ejercicios demoscópicos coinciden en colocar a un alcalde en los primeros lugares de aprobación, difícilmente puede hablarse de una casualidad. Hasta junio de 2026, ese es el caso de Javier Lamarque, en Cajeme, y Antonio “Toño” Astiazarán, en Hermosillo, quienes se mantienen como los dos presidentes municipales mejor evaluados de Sonora. Cada uno desde proyectos políticos distintos y enfrentando problemáticas propias de las dos ciudades más importantes del estado, ambos han logrado conservar el respaldo ciudadano y consolidarse como referentes del municipalismo sonorense.
En el caso de Lamarque, la constancia parece ser la clave. Pese a gobernar un municipio históricamente golpeado por la violencia, la percepción de que existe un gobierno cercano, con continuidad en los programas sociales y una presencia permanente en las colonias le ha permitido sostener niveles de aprobación que lo colocan nuevamente en la cima. Su administración ha entendido que, aun cuando existen problemas estructurales que rebasan al ámbito municipal, la ciudadanía también valora la capacidad de dar la cara, comunicar y mantener una agenda de trabajo constante.
Del otro lado está Toño Astiazarán, quien ha construido un modelo de gobierno basado en la innovación, la inversión en infraestructura y la modernización de los servicios públicos. La apuesta por la electromovilidad, la participación ciudadana mediante el Presupuesto CRECES y diversos proyectos urbanos le han permitido mantener una imagen positiva entre los hermosillenses. Más allá de las diferencias ideológicas entre ambos alcaldes, lo cierto es que Lamarque y Astiazarán han logrado algo que no resulta sencillo en la política municipal, mantener el respaldo ciudadano conforme avanza el ejercicio de gobierno.
Pero las encuestas no sólo hablan de quienes encabezan la aprobación; también invitan a observar el otro extremo de la balanza. No necesariamente el de los porcentajes más bajos, sino el del desgaste político. Porque una administración puede no ocupar el último lugar en un ranking y, aun así, enfrentar una percepción pública deteriorada por la acumulación de conflictos, polémicas o decisiones cuestionadas.
En ese terreno aparecen casos como el de Juan Gim, en Nogales. Su administración ha transitado entre señalamientos, controversias y una creciente presión derivada de temas administrativos y de seguridad pública. La frontera exige gobiernos con capacidad de respuesta inmediata y liderazgo político sólido. Cuando las crisis comienzan a marcar la agenda más que los resultados, la percepción ciudadana termina por resentirse.
Una situación similar enfrenta Karla Córdova, en Guaymas. El puerto continúa lidiando con rezagos históricos que van desde la prestación de servicios públicos hasta problemas de infraestructura y seguridad. Aunque algunos de esos desafíos anteceden a la administración actual, la ciudadanía suele evaluar al gobierno en funciones por su capacidad para ofrecer soluciones, no por las explicaciones. La percepción de estancamiento y las constantes críticas han colocado a su administración bajo un escrutinio permanente.
En San Luis Río Colorado, el gobierno de Iván Sandoval también ha enfrentado episodios que han complicado la narrativa de su administración. Los cuestionamientos públicos, las críticas por distintos temas de gobierno y la dificultad para posicionar una agenda propia han impedido que su gestión logre consolidar una imagen de fortaleza política. En la comunicación gubernamental, el vacío suele llenarse con la agenda de los adversarios, y eso termina pasando factura.
Otro caso que merece atención es el de Esmeralda González, en Cananea. Gobernar un municipio con una historia económica y social tan compleja nunca ha sido una tarea sencilla, pero la administración también ha enfrentado momentos de tensión y señalamientos que han opacado los avances alcanzados. En política, la percepción suele construirse tanto por los resultados como por la manera en que se enfrentan las crisis.
En contraste, existen alcaldes que, aunque no encabecen las mediciones de aprobación, han conseguido mantener administraciones estables y con menor nivel de confrontación pública. Ahí destacan José Manuel “Chemel” Quijada, en Agua Prieta, y Alberto “Beto” Vázquez, en Huatabampo. Ambos han optado por un perfil menos estridente, privilegiando la operación cotidiana de sus gobiernos sobre la disputa mediática. No se trata de afirmar que ocupen los primeros lugares en las encuestas, sino de reconocer que han logrado evitar que los escándalos definan la percepción de sus administraciones.
Al final, gobernar un municipio implica mucho más que inaugurar obras o encabezar eventos públicos, significa construir confianza, responder a las demandas ciudadanas y administrar inevitablemente las crisis que surgen durante el ejercicio del poder. Las encuestas reflejan una parte de esa realidad, pero la historia política de cada administración también se escribe con la capacidad para mantener la gobernabilidad y ofrecer resultados.
Hoy, la fotografía es clara: Javier Lamarque y Toño Astiazarán encabezan la aprobación ciudadana en Sonora y llegan fortalecidos a la segunda mitad de sus gobiernos. Detrás de ellos, la discusión ya no gira únicamente en torno a quién aparece mejor posicionado en un ranking, sino a qué alcaldes han logrado consolidar un proyecto de gobierno y cuáles han permitido que los conflictos, los señalamientos y el desgaste político terminen definiendo su administración. Esa diferencia, más que cualquier porcentaje, será la que la ciudadanía recordará cuando llegue el momento de volver a las urnas.
