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Prostitución legislativa en el Congreso de Sonora

Prostitución legislativa en el Congreso de Sonora

 

“Según su definición “prostituirse” es hacer un uso deshonroso de un cargo, autoridad, etc., generalmente para obtener dinero u otro beneficio, pero sin duda encaja muy bien en la descripción de la actual legislatura”.

 

Por Alan Castro y Luis Martín Guzmán

 

La actual legislatura del Congreso del Estado se convertirá con el tiempo en uno de los episodios más negros de la historia de Sonora.

 

Una legislatura que desde su concepción ha estado plagada de señalamientos que han expuesto la inexperiencia que impera en la mayoría de los diputados, la incapacidad para llegar a acuerdos en asuntos fundamentales para el estado y el desconocimientos de temas básicos en materia legislativa.

 

De igual forma, en el poder legislativo del estado ha quedado en evidencia la opacidad con la que funcionan las votaciones en comisiones y en el pleno del congreso, que sin duda levantan suspicacias al darse extrañas negociaciones y complicidades entre diputados de distintos grupos parlamentarios.

 

El gasto excesivo de asesores y salarios de un cuarto de millón de pesos mensuales a los diputados locales, sin contar los aguinaldos y prestaciones de ley, es un insulto a la ciudadanía que se agrava más por la situación económica por la que pasan miles de familias sonorenses durante la pandemia de Covid-19.

 

Un accidente de la democracia

 

El proceso electoral del 2018 significó para el electorado del país un voto de castigo a los partidos tradicionales y un abrumador voto de confianza para un nuevo proyecto político, cuestión que abonó a que la ciudadanía emitiera su sufragio en las urnas más por una cuestión emocional que racional.

 

Esta atípica votación y resultados electorales hicieron llegar a distintos puestos de elección popular a gente que no estaba preparada para asumir la responsabilidad de representar a la ciudadanía, ni mucho menos llevar a cabo las tareas que ameritaban sus posiciones dentro del servicio público en la entidad.

 

Y si bien había un bono democratico amplio a favor de un proyecto político, la crisis de representatividad era inminente, pues mucha gente votó por candidatos que no conocían y hasta la fecha tienen diputados que no conocen, que no rindieron cuentas y que ni siquiera volvieron a sus distritos electorales.

 

Voracidad y revanchismo político

 

En el primer periodo de sesiones de la actual legislatura la fuerza política predominante sacó las uñas, revelando su voracidad y revanchismo político ahora por los cargos administrativos del congreso del estado.

 

La diputada Rosa María Mancha, entonces presidenta de la mesa directiva del Congreso, sometió a votación el nombramiento de los nuevos funcionarios, desatando la polémica ya que estuvo en discusión alrededor de dos horas.

 

La votación finalmente tuvo un resultados de 17 votos a favor y 14 en contra, pero al no tener las dos terceras partes de que se necesitan para aprobar esta no procedió, es decir, le faltaron a Morena tres votos, precisamente los correspondientes al PT.

 

En esa ocasión Morena acusó a traición a los diputados del PT, ya que frenaron el nombramiento de 16 nuevos cargos administrativos, acción que marcaría la pauta para las siguientes sesiones y temas que se pondrían a consideración en el pleno.

 

De la coalición a la colisión

 

Entrando la presente legislatura y ante la evidente victoria electoral de la coalición Juntos Haremos Historia, se empezó a evidenciar la falta de oficio político y la división entre los partidos que integraron esa alianza, es decir Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social.

 

Si bien es cierto muchos diputados fueron postulados por los diferentes partidos que comprenden la precitada coalición, una vez que tomaron protesta se brincaron de fracciones según su conveniencia política o económica, convirtiéndose en chapulines parlamentarios.

 

En las primeras votaciones de la legislatura el Partido del Trabajo significó la diferencia en algunos temas importantes, dándole la contra a Morena, mientras que el Partido Encuentro Social se manejo desde un principio con autonomía brindando su voto al mejor postor.

 

Diputados rebeldes y división

 

Por si fuera poco en abril del 2019 el diputado Luis Armando Colosio sería expulsado de la bancada morenista por supuesta indisciplina y votar sistemáticamente en contra de la fracción, aunque oficialmente hasta el día de hoy sigue siendo reconocido ante el Congreso del Estado como diputado de Morena.

 

Una escena vergonzosa se suscitó en Navojoa, cuando la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Ernestina Castro valenzuela, intervino en un conflicto sindical y recibió como resultado gritos de la diputada local de Navojoa, Gricelda Soto Almada, quien prácticamente corrió a su líder de bancada del municipio.

 

Dentro de los encontronazos no solo de la misma coalición sino del mismo partido, el diputado del PT de Guaymas, Rodolfo Lizarraga, expondría su descontento con la dirigencia estatal de su partido, al grado de exponer audios y documentos que ponían en evidencia la división dentro de la bancada petista.

 

Improvisación también es corrupción

 

En esta legislatura 11 de 33 diputados locales que comprenden el Congreso del Estado no cursaron una carrera universitaria, y si ingresaron no lograron terminarla, es decir que un tercio de los diputados solo tiene estudios hasta preparatoria o bien, 1 de cada 3 diputados no cuenta con una licenciatura o carrera técnica.

 

Si bien la preparación académica no es un indicador que garantice un buen trabajo legislativo, sin duda la curva de aprendizaje se ha prolongado al grado de que todavía algunos diputados en su tercer año legislativo ni siquiera conocen los procesos que comprende la ley orgánica del congreso.

 

La incapacidad e inexperiencia de algunos diputados es expuesta al votar cuestiones que no sabían de lo que se trataba, leer erráticamente exhortos o puntos de acuerdo en el pleno, e incluso al momento de discutir algún tema en comisiones, donde hay una evidente falta de debate y sobre todo, de argumentación.

 

Diputados ricos y pueblo pobre

 

Sin duda una cuestión que no ha distinguido a los diputados ha sido la austeridad republicana que tanto hace alusión el gobierno de la cuarta transformación y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mientras el pueblo en plena pandemia se muere de hambre, los diputados siguen ganando un dineral.

 

A pesar de que los diputados sonorenses trabajan seis de los doce meses del año y

que estos días de cuarentena han tenido descanso, cada uno recibe 93 mil pesos

mensuales de sueldo base, más 99 mil en gastos de asesores y otros 51 mil para

alimentación, gasolina y otras cosas que puedan facturar.

 

Es decir que cada diputado local en Sonora gana cerca de un cuarto de millón de pesos, es decir $ 243,000 pesos, mientras que un ciudadano común gana $ 2,500 pesos al mes contemplando el salario mínimo actual de $ 128.41, lo cual resulta un gran contraste entre la clase política y la clase trabajadora del estado.

 

Una blanca y generosa navidad

 

Pero a parte de la brecha salarial, esta marcada diferencia es una ofensa para la ciudadanía que en estos tiempos de contingencia sanitaria se han tenido que quedar en casa perdiendo trabajos y un ingreso fijo para sus familias, sin contar la gran población que vive al día y depende de su trabajo diario para comer.

 

Eso sin contar el jugoso aguinaldo que recibirán los diputados locales, que en 2018 por haber laborado solamente tres meses recibieron 52 mil pesos, mientras que en 2019 además de un aguinaldo de 181 mil pesos, recibieron 34 mil pesos por prima vacacional y otros 34 mil pesos por bono de fin de año, sumando en total 249 mil pesos.

 

Dicho esto, si contemplamos el sueldo mensual de los diputados más el aguinaldo que recibirán, podríamos estar hablando que este fin de año se echarán a la bolsa la cantidad exorbitante de medio millón de pesos solamente en diciembre, cantidad que miles de sonorenses no ganan ni trabajando 16 años aproximadamente.

 

Golpes de pecho y la doble moral

Si bien es cierto que la mayoria en el Congreso del Estado lo tiene una coalición o un proyecto politico que se autodenimina de izquierda progresista, no hemos visto transitar por el legislativo estatatal una agenda que realmente obedezca a temas como la legalización de la mariguana, la despenalización del aborto o bien, el matrimonio igualitario.

 

Precisamente, la doble moral del Congreso Local quedó expuesta recientemente al presentarse un amparo que acusa omisión legislativa sobre los matrimonios igualitarios en Sonora, pues pese a que hace un año se presentó el proyecto de iniciativa de ley, la comisión de justicia y de derecho humanos no se ha puesto de acuerdo en el tema.

 

Lo más lamentable no solamente es la inoperancia legislativa, sino que el matrimonio igualitario ya está contemplado en la constitución y de aprobarse en el estado solo homologarán la constitución estatal, donde hasta el momento sigue siendo ilegal y se sigue viendo como una amenaza y el abrir la puerta a la posibilidad de la adopción gay.

 

Parece increíble que el tema moral se imponga al estado de derecho que debe someterse tanto la ciudadanía pero sobre todo el mismo Estado, es decir, hacer cumplir las leyes plasmadas en la constitución sin regateos ni golpes de pecho de parte de las autoridades y poderes del estado, por no decirle la derecha conservadora o ultraconservadora.

La tesis de jurisprudencia 43/2015 aprobada en 2015 señala que la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Lo que evidencia la falta de voluntad para legislar, o bien al Congreso “mocho” de Sonora.

 

Moches a cambio de gestiones

 

Por si fuera poco en esta legislatura del Congreso del Estado salió a relucir también el modus operandi de varios diputados locales, como es el caso de la diputada del XIX distrito local con cabecera en Navojoa, Gricelda Soto Almada, quien supuestamente ofreció favores políticos a un alcalde de sur de Sonora a cambio de una generosa “sobada”.

 

Se trataba de unos recursos para obra pública de Álamos que se encontraban trabados en el congreso, por lo cual la diputada Soto Almada a través de intermediarios le habría hecho la propuesta indecorosa al alcalde de Álamos, Victor Balderrama, quien no solo no se prestó a actos de corrupción, sino que también denunció públicamente el ofrecimiento.

 

Y si bien a partir de la llegada de la cuarta transformación al país se prometió erradicar los actos de corrupción, entre ellos los relacionados a los moches que legisladores exigen a cambio de gestiones de recursos y obras para los municipios, al parecer es una práctica que aún está vigente al menos en la actual legislatura del Congreso del Estado.

 

Encubrimiento de corrupción

 

Un episodio negro para esta legislatura será la actuación de la comisión de gobernación y puntos constitucionales ante la oportunidad histórica de someter a juicio político a dos alcaldes de los municipios con mayor número de señalamientos por malos manejos, presuntos actos de corrupción y una evidente crisis de ingobernabilidad.

 

Los diputados integrantes de esta comisión y pertenecientes a diferentes fracciones parlamentarias acordaron improcedente el juicio político contra la alcaldesa de Navojoa, María del Rosario Quintero, su ex secretario José Guadalupe Morales y su ex tesorero Jesús Antonio Covarrubias. Así mismo, el del alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal.

 

Aun cuando los alcaldes tienen innumerables denuncias y cuentan con carpeta abierta de investigación en el Instituto Superior de Auditoría Fiscal, en la Contraloría del Estado, en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la Fiscalía General del Estado y hasta la Fiscalía General de la República, siendo hasta de conocimiento del propio Presidente de la República.

 

Complicidad y negociaciones

 

Era de esperarse que los diputados de Morena defendieron a los controvertidos alcaldes considerando el desgaste a la marca y golpeteo mediático al proyecto que esto podría resultar, pues sin lugar a dudas un alcalde enjuiciado implicaría mayor carga negativa de cara al proceso electoral que ya estamos pisando este 2020.

 

Hasta antes de la sesión de la comisión de gobernación y puntos constitucionales se tenía previsto que votaran en contra del juicio político Norberto Ortega Torres, Raúl Castelo Montaño y Gricelda Soto Almada, y a favor de la procedencia Julio Alfonso Montes Piña, María Magdalena Uribe, María Dolores del Río y Eduardo Urbina Lucero.

 

Dicho esto, el resolutivo parecía que pasaría sin problemas pues los diputados del PRI definirían la votación, pero sorpresivamente Jorge Villaescusa y Nitzia Gradias votarían a favor de los alcaldes Morenistas, al igual que Alfonso Montes Piña, Magdalena Uribe y la propia María Dolores del Río, quien ya acordaba algo con Morena.

 

De ultima hora algunos diputados cambiarán tan repentinamente su discurso, lo que deja la duda si se debió a un jugoso acuerdo económico o bien, un cambio de cartitas al PRI devolverle el favor a Morena de no haber votado al inicio de la legislatura para el juicio político contra el controvertido ex alcalde de Hermosillo, Maloro Acosta.

 

Prostitución legislativa

 

Sin lugar a dudas estamos frente a la legislatura más improductiva legislativamente hablando y más opaca en la historia moderna del estado, donde la ausencia de civilidad política y sobre todo la falta de acuerdos han sido el pan de cada día.

 

Para muestra podríamos haber hablado de la Ley Olimpia que pasó a ser la Ley Mordaza, la propuesta desecha de la reforma político electoral, los juicios políticos contra los alcaldes corruptos, el matrimonio igualitario, entre muchos otros más.

 

Esto sin hablar de la bancada del PAN que ha subido a tribuna a señalar los supuestos vicios del gobierno estatal, mientras levanta la mano en todos los temas torales como los presupuestos estatales y la aprobación de las cuentas públicas.

 

Según su definición “prostituirse” es hacer un uso deshonroso de un cargo, autoridad, etc., generalmente para obtener dinero u otro beneficio, pero sin duda encaja muy bien en la descripción de la actual legislatura del Congreso de Sonora.

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