El exilio de Ricardo Anaya
El caso del líder opositor mexicano Ricardo Anaya, que afronta una posible pena de hasta 30 años de cárcel por presunto enriquecimiento ilícito, revive el fantasma de la persecución contra la oposición en México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó, el pasado martes, que persiga a sus detractores después de que Anaya, que ahora está en un autoexilio en Estados Unidos, lo acusó de querer encarcelarlo para que no compita en las próximas elecciones presidenciales de 2024.
Las acusaciones contra Anaya pueden ser igual hechos o igual fantasías con base únicamente en los dichos de Emilio Lozoya, que lo mismo ha señalado a personajes como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, David Penchyna Grub, Carlos Treviño Medina, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Salvador Vega Casillas, José Luis Lavalle (el único en prisión) García Cabeza de Vaca o Miguel Barbosa.
De acuerdo a Emilio Lozoya, que nunca ha pisado la cárcel en México gracias al acuerdo preferencial al que llegó con la FGR, Ricardo Anaya habría recibido, en la primera semana de agosto de 2014, 6 millones 800 mil pesos como “apoyo” a su campaña para gobernador en Querétaro y como soborno para aprobar la reforma energética.
No hay videos, no hay fichas de depósito, no hay nada más allá de los dichos de Norberto Gallardo Vargas contra los dichos del particular de Anaya, Osiris Hernández; será la palabra de uno contra la de otro, tomando en cuenta que, como en la inquisición, Lozoya habla lo que su “verdugo” manda.
Entre tanto, Ricardo Anaya retó al presidente Andrés Manuel López Obrador: le propuso acudir a declarar al Reclusorio Norte, solo si Pío y Martín López Obrador, hermanos del mandatario, también se presentan ante el mismo juez a comparecer por los videos que se difundieron, donde se les ve recibiendo dinero de David León, excolaborador del gobierno de Chiapas.
López Obrador ha caído fácilmente en las provocaciones de Anaya, pero al entrar en una batalla de dichos con él, ha caído en el juego de su adversario político. Llevar a políticos prominentes a la cárcel no es algo que se vea bien en ninguna democracia y suelen interpretarse como actos de represión autoritaria.
Si la acusación de la Fiscalía General no es sólida y contundente, será López Obrador quien pague el costo. Si Anaya no puede responder con claridad y abre la puerta a las dudas sobre su honestidad, como lo presume, el Presidente debe dejar que el crédito se lo lleve el fiscal y no quererse llevar el mérito.
Cosa curiosa, el berrinche de López Obrador podría estar construyendo, en su afán de destruir, a un cuadro importante con miras al 2024.
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