A poco más de dos semanas de que colectivas colocaron mantas en Hermosillo y Nogales para exigir al Congreso de Sonora armonizar la legislación estatal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el aborto, la respuesta de las autoridades ha sido el silencio, señaló Lizette Sandoval Meneses, integrante del Observatorio Todas MX.
En entrevista, indicó que las organizaciones civiles esperan que la Suprema Corte resuelva un juicio de amparo relacionado con el acceso a la interrupción legal del embarazo, con el que buscan que el Poder Legislativo estatal atienda los criterios que establecen que la criminalización del aborto es inconstitucional.
Explicó que el recurso fue promovido por una asociación nacional, en colaboración con agrupaciones de Sonora como Marea Verde, Ni Una Más y Observatorio Todas MX, a partir de la demanda de una médica de Nogales que busca ejercer libremente su derecho a la interrupción legal del embarazo.
La activista consideró que, hasta ahora, las organizaciones han encontrado resistencia para que el tema avance en el Poder Legislativo, donde algunas diputadas han señalado que se trata de un asunto difícil y que no consideran probable que prospere.
“Lo que nos dicen las diputadas es que es muy difícil que pase, que no lo ven probable, que no ven que sea un tema que pueda avanzar. Realmente, lo que están haciendo es sacándole a la responsabilidad (…) la única esperanza que tenemos como sociedad civil es que se ejecute un mandato legal y que la Suprema Corte pueda ordenar al Congreso, como se ha hecho en otros estados, que despenalice y que deje de criminalizar”, expresó.
Como parte de la estrategia jurídica, también se presentó un amicus curiae, mediante el cual distintas asociaciones nacionales enviaron una carta a la Suprema Corte para solicitar que analice el caso y que, de acuerdo con los criterios aplicables, se impulse la armonización legislativa en Sonora.
En relación con las mujeres que enfrentan procesos por aborto, detalló que las colectivas contabilizaban seis demandas abiertas hasta hace algunos meses, sin que necesariamente hayan iniciado durante 2026. “Es un tema donde no tenemos cifras, porque es de carácter penal que muchas veces hace que las cosas sucedan en la clandestinidad. Lo que sí tenemos es que contabilizamos que había todavía hasta hace algunos meses seis demandas abiertas, criminalizando a seis mujeres. Son de otros años, pero todavía están en curso, no han llegado a término”, sostuvo.
Ante la falta de estadísticas completas, las organizaciones también obtienen referencias a través de las acompañantes de aborto, quienes orientan a mujeres que deciden interrumpir un embarazo fuera de un hospital.
Actualmente, el acceso al aborto en Sonora está contemplado en determinados supuestos, como cuando el embarazo es producto de violencia sexual o cuando peligra la vida de la mujer.
“Lo importante es seguir hablando de este tema, seguirlo poniendo en la agenda, porque realmente, aunque ya está reconocido el derecho, lo que estamos queriendo lograr es que se garantice. Los derechos no basta con reconocerlos, hay que garantizarlos y mientras no tengamos esa despenalización firme en la ley, no es un derecho garantizado”, agregó.
Con información de: El Sol de Hermosillo
