Por: Luis Fernando Heras Portillo
Desarrollador de negocios turísticos, comerciales e industriales
Inicia el mes de febrero entre noticias que podrían sonar escandalosas, sumergiendo a los mexicanos en la difícil tarea de discernir si poseen fundamentos reales o si son simplemente fruto de la política y las campañas presidenciales que agitan tanto México como Estados Unidos.
Hace unos días, un periodista estadounidense alegó tener pruebas de que Morena recibió respaldo financiero del narcotráfico en el año 2006.
El presidente de la república, en una conferencia mañanera, fue categórico al desafiar: “si tienen pruebas, que las presenten”. Esto se presenta como la respuesta más adecuada y correcta para una nación inmersa en el tumulto de comentarios, críticas, dimes y diretes. Paradójicamente, el mismo que ahora exige pruebas ha utilizado en repetidas ocasiones la estrategia de lanzar acusaciones y esperar el eco del agua en el pozo, como él mismo ha admitido.
Desde Estados Unidos, periodistas y el Departamento de Estado se han pronunciado sobre el tema.
Según informan, el presidente señaló que este tipo de asuntos son manejados desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, y aunque lo etiquetó como inapropiado, la conclusión podría ser que no hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran a ti.
Este tema delicado implica la acusación de recibir recursos del narcotráfico para financiar campañas políticas, lo cual, de probarse, constituiría un delito. Esto podría sumarse a la tensión existente en la relación entre México y Estados Unidos, agravada por el revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio al presidente López Obrador al anular la reforma eléctrica.
Esta decisión afecta directamente a empresas estadounidenses que, al demandar amparo, buscan avanzar con sus contratos y proyectos de generación de energía eléctrica que fueron detenidos por la nueva ley eléctrica. Ahora, con la resolución de la Suprema Corte, estas empresas, muchas de ellas estadounidenses, deberán ver respetados sus derechos y contratos.
Nos encontramos, sin duda, ante un dilema grave, ya que se estima que se trata de proyectos eléctricos por valor de 50,000 millones de dólares que fueron paralizados por este gobierno y que ahora podrían resurgir o enfrentar las consecuencias.
Aunque es cierto que estas empresas cuentan con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, debemos recordar la polémica que rodea el tratado de libre comercio en materia de energía.
En este contexto, ya existen plantas de energía solar, de ciclo combinado y eólicas, todas generadoras de energía eléctrica limpia mediante inversiones norteamericanas y contratos con la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de México. Sin embargo, estas instalaciones no han sido conectadas a la red nacional de energía, un acto que México se niega a llevar a cabo, respaldándose en los términos de los tratados de libre comercio con Canadá y Estados Unidos.
La negativa de México a conectar estas plantas a la red nacional se enfoca en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y como respuesta parcial a la demanda internacional de abandonar el uso de combustibles fósiles, especialmente el nocivo chapopote del petróleo y el carbón mineral, cuya quema genera emisiones perjudiciales.
Para contrarrestar estas preocupaciones y contribuir a la lucha contra el calentamiento global, México ha lanzado el Plan Sonora de Energía, orientado a crear el parque de energía solar más extenso de México y así equilibrar la balanza.
No obstante, este paso positivo de generar energía limpia por parte de la Comisión Federal de Electricidad no elimina la repercusión negativa del fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia. Este fallo afecta las acciones del gobierno federal contra empresas que ya han invertido en México y cuentan con plantas listas para conectarse, exigiendo el respeto a sus contratos.
Estas situaciones, por más incómodas y difíciles que sean, involucran sumas considerables de dinero. El poder ejecutivo, la Comisión Federal de Electricidad y, en última instancia, el país enfrentan las consecuencias de estos eventos, que trascienden fronteras y afectan áreas cruciales. Desde el combate al narcotráfico hasta la economía, estas cuestiones requieren atención seria y, posiblemente, una hábil negociación política para superar las diferencias y alcanzar acuerdos.
Este momento difícil destaca la importancia de abordar las responsabilidades de manera seria y honesta. Los gobernantes, elegidos por el pueblo mediante votación libre, secreta y directa, tienen la responsabilidad de gobernar y no deben desviarse hacia la politización partidista ni distorsionar la realidad con puntos de vista sesgados.
En fin, saludos y muchas gracias por su atención.
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