Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS, Son.- Por fin se reconoció oficialmente el riesgo en el que vive este puerto a causa de los derrames de aguas negras.
Hace años debió hacerse lo que hoy se acepta: que el drenaje colapsó, no hubo mantenimiento, la administración de recursos fue pésima y se vive la amenaza de morir de males ocultados por el sector Salud.
Hace par de semanas, el diputado local Sebastián Orduño pidió desde el Congreso estatal, reconocer esta emergencia y tomar las medidas para terminar con ella. Aplaudió la publicación de la declaratoria y más, porque habrá dinero para comenzar a trabajar en ello.
Hace un mes, el gobernador Alfonso Durazo ordenó apoyo para enfrentar la emergencia y trabajar en ello; el primer paso fue cambiar al titular de la Comisión Estatal del Agua, porque con los nombrados por los políticos de siempre, jamás habrá soluciones.
Este jueves, el Boletín Oficial del Estado publicó la “Declaratoria de estado de emergencia y zona de desastre sanitario-ecológico, por daños en la infraestructura de la red de drenaje sanitario en el Municipio de Guaymas, Sonora, México”.
Allí dice que mediante oficio (PM-036BIS-2021, del 22 de octubre) recibido vía correo electrónico, la doctora Karla Córdova pidió el apoyo para solucionar esta emergencia, mientras hacía lo posible por frenar el pestilente flujo.
Durazo hizo ver por qué está sentado en esa silla y la Comisión Estatal de Protección Civil pidió a la CEA el dictamen técnico para emitir esta declaración; hizo lo propio ante las secretarías de Salud y la de Infraestructura y Desarrollo urbano.
CEA corroboró así el problema de aguas residuales que aflora en las calles de la ciudad, “por las malas condiciones estructurales de la red de drenaje sanitario”; también lo hizo la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios y quedó lista la declaratoria que confirma el riesgo en el que se puso a 150 mil habitantes de la ciudad, por no atender en su momento daños ocasionados por “lluvias fuertes de temporadas anteriores”.
Se pidió a la Secretaría de Hacienda autorizar a la de Infraestructura, acciones a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y de la Secretaría de Salud, “los recursos para la atención de la solución”.
Dinero del Fondo de Desastres no, pues desaparecieron la instancia en lo estatal y lo federal –porque se los robaban los responsables del darles uso, dicen los auditores de la 4T— pero debe iniciarse ya la cloración y acordonamiento de áreas afectadas.
Y aunque ya es tarde, porque hace años lo hacemos a diario, “informar a la población de que no debe transitar sobre las aguas residuales”.
Con esto que tardó años, se dispone que CEA supervise acciones y obras que se genere la declaratoria, “por ser infraestructura pública estatal responsable de ésta y la dependencia normativa en la materia”. Se lee claro eso de “responsables”, pero sus directores no han tenido conciencia de ello.
Se confirma que hay en primera instancia, 10 millones de pesos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, “como ejecutora de las obras”. O sea, le toca al guaymense Carlos Zataráin, su director, hacer la tarea. Eso es bueno, pues es ver por el suelo nativo y él siempre lo ha hecho.
Guaymas por fin ve lo que pudiera ser la solución a un problema que daña la imagen del puerto, al turismo, a la gente. Y los epidemiólogos del sector Salud podrán limpiar su conciencia por haberse visto obligados –so pena del despido—a negar la pérdida de vidas por culpa de quienes nos han obligado a vivir en esa circunstancia, esos que tienen nombre y apellido.
ISSSTESON ADVIERTE A MEDICOS
Una circular a la vista en hospitales y centros integrales de atención a la salud, firmada por el médico Danilo Humberto Sotelo Garza, presidente del Consejo Técnico de la Subdirección de Servicios Médicos del ISSSTESON, hace esta advertencia directores y coordinadores del sector:
“Los médicos del Instituto, propios o subrogados, que expidan indebidamente Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo, se harán acreedores, previa determinación de la autoridad competente, de las sanciones administrativas establecidas en…”, seguido del articulado de la Ley de la institución que las contemplan. Otra minita de oro, con cargo al erario, que se cierra y claro que brotarán inconformes.
DIPUTADOS SIN PAGO
Jacobo Mendoza Ruiz recibió una carta de quienes integraron el Grupo Parlamentario del PT en la pasada legislatura, donde le dicen que no les pagaron la segunda quincena de agosto ni indemnizaron a sus asesores, pese a estar eso aprobado y presupuestado.
Fueron ante el Oficial Mayor del Congreso estatal y les informó que el pago estaba en proceso, pero no les llega, por eso le piden “respetuosamente” –con velada amenaza de leyes y obligaciones—intervenir ante esta situación que no debió presentarse, “ni mucho menos debería seguir sucediendo en la actual legislatura, por tratarse de una grave irregularidad en el manejo de los recursos públicos susceptible de responsabilidad por los servidores públicos involucrados en la retención de dichos pagos”.
Aprovecharon para ¿refrendar? su nombramiento, de Jacobo, como presidente del Congreso, y el enmielado texto termina con el típico “en espera de la solución de la situación planteada”. Firman María Magdalena Uribe Peña, Filemón Ortega Quintos, Rodolfo Lizárraga Arellano y Orlando Salido Rivera.
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