+ Informes ocultos por pandemia; culpas viejas fortalecen a AMLO; diputados evaden juicio político contra alcaldes; CPA fortalecerá prevención contra las drogas; comienza la esperanzadora actividad pesquera; Otto se prueba, pero le va mejor a Enrique; luminarias despiertan al regidor del PVEM.
Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS, Son.- La pandemia modificó todo y entre esos cambios, matizó la incapacidad de los alcaldes para convencer a la ciudadanía con sus informes, convertidos en lecturas de algo que no pasa la prueba cuando se quiere ratificar en los hechos.
Sin el virus del Covid-19, la gente habría mostrado su real sentir y tal vez desde la plaza de los Tres Presidentes en el caso de Guaymas, la música de viento habría hecho un gran concierto.
Pero qué municipio salva esta situación de alcaldes acotados por fuerzas oscuras, obligados a dejar hacer y pasar para no enfrentar esas fuerzas. Nadie, ni autoridades competentes, ponen orden. Se vuelven, queriendo o no, cómplices.
Por eso en muchos persiste la esperanza de que ese orden lo imponga la 4T, si fuese cierta la prédica del presidente López Obrador, y no solo sea más atole suministrado sin cubiertos.
López Obrador soporta día a día obuses de todos calibres y, como el que se ríe se lleva, pone nombre y apellido a quienes disparan, lo cual se vuelve peligroso, pues por lo general resultan ser parte de quienes contribuyeron al pillaje que volvió al país un río revuelto las últimas décadas.
Sin embargo, pensar que el bombardeo de “la mafia del poder” mella el ánimo de quienes dieron su voto al ocurrente tabasqueño, es equivocado, pues lo hacen arrojando culpas viejas. Pero si habla de un México donde ya desaparecieron esas prácticas que nos pusieron de rodillas, brincos diera.
La prueba del respaldo popular, “haiga sido como haiga sido” –Calderón dixit–, es el sorteo de un avión inexistente, con premios que existen porque los aportó el propio ciudadano y, también, funcionarios que usaron presupuestos oficiales para comprar boletos para la extraña cuanto exitosa rifa, lo cual tipifica un desvío de recursos públicos que nadie denunciará, pues qué juez le daría curso.
El pueblo disfruta esa especie de venganza después de tanto agravio y no acepta la versión de tantos problemas surgidos de un día para otro. Eso no lo quieren entender quienes los provocaron.
En cuanto a un juez que admita demandas contra un presidente, el ejemplo de lo que ocurriría es la petición de juicio político contra dos alcaldes y un ex alcalde, entre otros funcionarios, en el Congreso sonorense.
Con escasa asistencia –con lo que había, pues la mayoría prefirió ausentarse para no pasar vergüenzas—, se rechazó la petición contra la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero; su secretario José Morales, y el ex tesorero Antonio Covarrubias; también contra el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal y contra el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, José Santiago Encinas Velarde.
Irregularidades mil han denunciado representantes y pueblo de esos municipios, pero se sacrifica la justicia en el altar de las complicidades. No encontraron los diputados, elementos para resolver ese procedimiento contra quienes no responden al pueblo, pues finamente, no fue el pueblo el que los eligió, sino esa ola generada por el hartazgo que entregó la silla presidencial a López Obrador.
De paso, los diputados esquivaron exigir cuentas al ex alcalde de Hermosillo, Manuel “El Maloro” Acosta, a quien la actual alcaldesa Célida López, culpa de quebrar al Municipio y hasta le canceló convenios para concesionar servicios, así que se tuvieron que devolver las entradas.
Aquí es cuando varios guaymenses lamentan esos “convenios” que se llevan más de la mitad del dinero municipal hacia bolsillos de empresarios y políticos sin prestar el servicio por el que cobran. Y los alcaldes siguientes se quejan, pero no siguen el ejemplo de doña Célida.
Un comunicador amigo me decía que el Congreso –los diputados “sacatecanos”, pues— no detuvo del todo el proceso para confirmar responsabilidad a alcaldes y ex alcalde por corruptos, al dejar el tema en manos del Instituto Superior de Auditoría Fiscal y la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Sonrió cuando le pregunté si hablaba en serio y se despidió sin contestar.
Ah, el caso del fiscal contra delitos electorales, era un berrinche de Pedro Pablo Chirinos porque lo corrieron. Cambió su camiseta azul para apoyarse en Morena, pero la casaca morada tampoco le sirvió ante los “acuerdos” que buscan el bien mayor. A ver si ese bien mayor fue a favor del Estado.
Los diputados que trabajaron –evadieron– este asunto, son: Morena: Norberto Ortega Torres, Raúl Castelo Montaño y Griselda Soto Almada; PRI: Jorge Villaescusa y Nitzia Gradias; PES: Julio Alfonso Montes Piña; PT, María Magdalena Uribe, y MC, María Dolores del Río.
TIROS RÁPIDOS:
1.- Otra vez, llaman a salvar a nuestros jóvenes del diabólico negocio de las drogas.
La gobernadora Claudia Pavlovich inició el programa Advertencia Sonora, que en principio alcanzará a 156 mil alumnos de 240 escuelas secundarias en los 4 municipios más golpeados por el tráfico de estupefacientes, Hermosillo, Cajeme, Navojoa y San Luis Río Colorado, y seguirán más tarde Nogales, Santa Ana, Moctezuma y Guaymas.
El programa involucra a todos, porque surgió de la sociedad civil ante el aliento de la gobernadora por hacer participar a todo Sonora en el diseño de tareas útiles. Se intenta prevenir, pues siempre es mejor que lamentar y creo que eso ya se entendió.
2.- Arrancó la temporada camaronera de bahías. Los pescadores ribereños tendrían 15 días antes de ver zarpar la diezmada flota de altura que acaba con la zafra del panguero.
No hay buenos números, pero eso es color de identidad en los últimos años, por el pésimo manejo en la pesca sustentable del crustáceo y por la práctica corrupta del guateo, que se denunció, tenía bodegas llenas del “oro rosado” extraído en fechas prohibidas, para comercializarlo en estos días.
En ese ambiente, la flota sardinera que captura casi medio millón de toneladas para consumo humano y para la acuicultura, es reparada y los astilleros y técnicos ocupados cobrarán unos 75 millones de pesos, para dejarla en condiciones de volver al mar y seguir sosteniendo una industria que nos genera tres mil empleos directos.
3.- Otto Claussen Iberri, alcalde Guaymas entre 2012 -2015, arrojo un buscapiés manifestando intención de aparecer en las boletas electorales en 2021, para conocer la opinión de los guaymenses y parece que no le fue bien. Le afecta el ataque de sus detractores, acusándolo de quebrar al Ayuntamiento.
En contraparte, no le va tan mal a su hermano Enrique, quien aparece en encuestas como la única figura capaz de enfrentar con posibilidad de triunfo, a la vigente “Ola Morena”, que todo hace indicar, enviará al diputado federal Heriberto Aguilar Castillo por la alcaldía, si el profesional de la construcción y político de convicciones, no encauza sus inquietudes a la reelección.
De salida: Dejó el confort de su dieta y, cercano el próximo proceso electoral, aparece el regidor del PVEM en el ayuntamiento de Guaymas –creo que se apellida Cardozo–, exigiendo el censo de luminarias que opera la comuna, pues Sara Valle informó de 12 mil 630, pero Comisión de Electricidad registra poco más de 11 mil.
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