La protección de la vaquita marina y el bienestar de las familias que dependen de la actividad pesquera deben avanzar de manera conjunta, consideró Patricia Montes Stefanoni, presidenta del Colectivo Ambientalista de Sonora.
Esto luego de expresar su preocupación por las nuevas disposiciones aplicables en el Alto Golfo de California, una región donde la conservación de la especie y las condiciones de vida de las comunidades representan un desafío de largo alcance.
La representante ambientalista señaló que su posicionamiento parte de una preocupación ciudadana y no de una valoración técnica sobre la especie o las actividades pesqueras, al advertir que la situación de la vaquita marina es delicada y requiere decisiones responsables que permitan atender tanto el riesgo de desaparición del cetáceo como las necesidades de quienes han dependido históricamente de los recursos del mar.
“La respuesta no debe construirse a partir de una confrontación entre la conservación ambiental y el bienestar social, sino mediante acuerdos que reconozcan la importancia de ambos aspectos”, señaló.
En ese sentido, destacó que numerosas familias han enfrentado durante años restricciones y afectaciones relacionadas con las medidas de protección, por lo que resulta necesario avanzar hacia soluciones que garanticen condiciones de vida dignas sin comprometer la supervivencia de la especie.
Desde la perspectiva de la salud, explicó que la vida humana, la fauna y la salud del territorio mantienen una estrecha relación, por lo que el Alto Golfo de California no puede entenderse únicamente como una zona de trabajo para el sector pesquero o como hábitat de especies marinas.
“Se trata también de un espacio vinculado con la identidad, la memoria, la alimentación y el sentido de pertenencia de las comunidades que lo habitan, de ahí que proteger la vaquita marina y cuidar a las familias forme parte de una misma responsabilidad”, agregó.
La presidenta del Colectivo Ambientalista de Sonora reconoció que el acuerdo surgió de un proceso de diálogo con representantes del sector pesquero y contempla medidas como vigilancia, monitoreo y sitios de desembarque. Sin embargo, subrayó que la corresponsabilidad no debe recaer exclusivamente en las comunidades, ya que las autoridades también tienen la obligación de establecer reglas claras, garantizar su cumplimiento, fortalecer la vigilancia y ofrecer alternativas económicas reales, además de mantener información pública sobre los resultados de las disposiciones.
En relación con las preocupaciones expresadas por organizaciones ambientalistas, Montes Stefanoni hizo referencia a la reducción de aproximadamente 86% del polígono donde estaba prohibido el uso de redes de enmalle, consideradas una de las principales amenazas para la vaquita marina. Ante este escenario, pidió que el canal de tránsito y las nuevas reglas se apliquen con la máxima transparencia, controles estrictos y cero tolerancia a la pesca ilegal, con el propósito de evitar que las medidas adoptadas debiliten los esfuerzos de conservación.
La activista sostuvo que el momento exige fortalecer la comunicación entre autoridades, comunidades pesqueras, especialistas, organizaciones ambientalistas y ciudadanía, en lugar de profundizar las diferencias. Reiteró que la protección de la vaquita marina, la conservación del Alto Golfo y el derecho de sus habitantes a una vida digna no representan objetivos incompatibles.
Con información de: El Sol de Hermosillo
