La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá indemnizar con 9 millones 112 mil pesos a la familia de Jorge, quien perdió una pierna después de ser atropellado cuando tenía 12 años durante una persecución militar en Navojoa, Sonora.
De acuerdo con información sobre la sesión pública del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el fallo también obliga a la Sedena a cubrir durante el resto de la vida del afectado los cambios de prótesis, hospitalizaciones, rehabilitación, medicamentos y atención psicológica que requiera por su incapacidad permanente.
La Sala Superior del TFJA resolvió por unanimidad que la Sedena incurrió en una actuación negligente durante el operativo. Los militares perseguían a un motociclista cuando atropellaron a Jorge, quien salía de la escuela. Las lesiones sufridas provocaron que posteriormente fuera sometido a una cirugía para la amputación de su pierna derecha y quedara con una incapacidad permanente.
El accidente ocurrió el 7 de mayo de 2019 en la colonia Mocúzarit de Navojoa. La familia emprendió distintas actividades para conseguir recursos destinados a sus cirugías, rehabilitación y prótesis, incluida una kermés realizada en febrero de 2021.
Mélida Guzmán Salazar, madre de Jorge, reclamó una indemnización por las consecuencias del atropellamiento. Al no recibirla, inició en 2021 un juicio administrativo de responsabilidad patrimonial, figura que permite reclamar una indemnización por los daños provocados por una actividad administrativa irregular del Estado.
Según lo expuesto durante la sesión por el magistrado Rafael Estrada Sámano, la indemnización será distribuida de la siguiente manera: Jorge recibirá 2 millones 749 mil pesos; su hermano 2 millones 402 mil pesos; su hermana 2 millones 480 mil pesos; y su madre, Mélida Guzmán Salazar, un millón 481 mil pesos. Los hermanos de Jorge también eran menores de edad cuando ocurrió el atropellamiento.
La cobertura ordenada por el TFJA incluye cambios y mantenimiento de prótesis, gastos hospitalarios, atención psicológica, rehabilitación, medicamentos y tratamientos médicos relacionados con las secuelas del atropellamiento. El magistrado Rafael Anzures señaló que estos servicios deberán proporcionarse en las clínicas y hospitales de la Sedena. Por su parte, el presidente del TFJA, José Ramón Amieva, enfatizó que la atención corresponde al tratamiento de una incapacidad permanente.
La resolución del Tribunal todavía no es definitiva. La Sedena puede impugnarla mediante un recurso de revisión ante un tribunal colegiado en materia administrativa. La familia de Jorge también tiene la posibilidad de inconformarse si considera insuficiente el monto establecido por el TFJA.
El caso se suma a otros procedimientos de responsabilidad patrimonial promovidos contra la Sedena por actuaciones de elementos militares durante tareas de seguridad pública. En 2021, el TFJA condenó a la dependencia a pagar 18.1 millones de pesos a los familiares de Jorge Otilio Cantú Cantú, un joven de 29 años ejecutado por militares en Monterrey, Nuevo León, en abril de 2011.
Con información de: El Imparcial.
