Por Alan Castro Parra
La seguridad pública tiene dos formas de medirse. Una está en las estadísticas: homicidios, robos, detenciones y delitos de alto impacto. La otra, quizá más compleja, está en la percepción de la ciudadanía. No siempre caminan al mismo ritmo. Los gobiernos pueden reducir los índices delictivos y, aun así, la gente seguir sintiéndose insegura. Esa aparente contradicción explica buena parte del debate que hoy vive Sonora.
Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI ofrecen un dato que merece analizarse con mayor profundidad y lejos de las trincheras políticas. Hermosillo, Nogales y Ciudad Obregón registraron una disminución en la percepción de inseguridad durante el primer semestre del año. Sin embargo, el comportamiento de cada municipio refleja que la percepción ciudadana no depende exclusivamente de las cifras delictivas, sino también de la confianza que logran construir las instituciones.
Lo primero que debe reconocerse es que existe una estrategia nacional de seguridad que comienza a mostrar resultados medibles. La reducción de homicidios dolosos y de diversos delitos de alto impacto no es un fenómeno aislado de Sonora, sino una tendencia que también se observa a nivel nacional. La coordinación encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha permitido una mayor articulación entre las fuerzas federales, estatales y las fiscalías, dejando atrás, al menos en parte, la dispersión de esfuerzos que durante años caracterizó la política de seguridad en México.
En Sonora esa coordinación también ha sido evidente. El trabajo conjunto entre la Federación, el Gobierno del Estado, las fuerzas armadas y las corporaciones de seguridad ha permitido disminuir los delitos de mayor impacto en distintas regiones de la entidad. Sería injusto negar esos avances únicamente porque el problema de la inseguridad continúa presente. La seguridad no se resuelve de un día para otro, pero sí puede avanzar cuando existe una estrategia clara y una coordinación permanente.
No obstante, ahí comienza la segunda parte de la historia.
Reducir los delitos no significa, automáticamente, que la ciudadanía se sienta más segura. La percepción es un indicador mucho más complejo porque incorpora elementos emocionales, experiencias personales, confianza institucional y hasta la narrativa que domina el espacio público.
Hermosillo representa un caso particularmente interesante.
La ENSU ubica a la capital sonorense con una percepción de inseguridad de 43.2 por ciento durante junio de 2026, colocándola por debajo del promedio nacional y como una de las capitales con mejor evolución en este indicador durante los últimos años. Si se compara con septiembre de 2021, cuando el porcentaje alcanzaba 66.8 por ciento, la reducción supera los 23 puntos porcentuales. No se trata de una variación menor; es un cambio consistente en la manera en que la población percibe las condiciones de seguridad de su ciudad.
¿A qué obedece ese resultado?. La respuesta difícilmente puede reducirse a un solo factor.
Por un lado, existe la estrategia estatal y federal. Pero también hay una política pública municipal visible para la ciudadanía. Patrullas eléctricas recorriendo las calles, mayor equipamiento policial, capacitación constante, centros de respuesta inmediata, inversión tecnológica y una presencia institucional que, acertada o no, resulta perceptible para los ciudadanos.
En política, lo que la gente ve importa tanto como lo que efectivamente ocurre. La seguridad también comunica.
No basta con reducir un delito si el ciudadano nunca observa una patrulla, si no conoce las acciones preventivas o si percibe que la autoridad permanece ausente. La confianza también se construye mediante señales visibles de gobierno.
El propio gobernador Alfonso Durazo ha resumido esa realidad en una frase que vale la pena recuperar: aun cuando exista seguridad, si la población continúa sintiéndose insegura, el problema sigue existiendo. La percepción termina convirtiéndose en una realidad política que ningún gobierno puede ignorar.
Ahí aparece el contraste con Cajeme.
Ciudad Obregón continúa mostrando una disminución gradual en sus indicadores; sin embargo, la percepción de inseguridad permanece en niveles muy elevados, con 82.4 por ciento de la población manifestando sentirse insegura. La diferencia respecto de Hermosillo ronda los cuarenta puntos porcentuales. Esa brecha difícilmente puede explicarse únicamente por las estadísticas delictivas.
La explicación también se encuentra en la memoria colectiva. Durante años, Cajeme fue uno de los municipios más golpeados por la violencia en el país. Esa experiencia deja cicatrices profundas. La percepción cambia mucho más lento que las cifras oficiales porque la confianza perdida tarda años en recuperarse.
Un solo hecho violento puede borrar semanas de buenas estadísticas. Una balacera de alto impacto, un homicidio que acapara titulares nacionales o un hecho que se vuelve viral en redes sociales suele tener mucho mayor efecto en la percepción ciudadana que decenas de días sin incidentes relevantes.
La inseguridad también se construye desde la conversación pública. Por eso resulta insuficiente limitar el análisis únicamente a los indicadores de incidencia delictiva. La ciudadanía observa otros elementos: si hay patrullas circulando, si la policía responde cuando se le llama, si existen inversiones visibles en equipamiento, si el gobierno comunica resultados y, sobre todo, si percibe que la seguridad ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda pública.
Cuando esos elementos faltan, la percepción difícilmente mejora. En Cajeme persiste precisamente ese desafío.
Aunque existen avances derivados de la coordinación estatal y federal, buena parte de la población continúa observando un municipio marcado por años de violencia. La sensación de inseguridad permanece porque la confianza institucional todavía no logra reconstruirse completamente. A ello se suma una percepción política en la que muchos ciudadanos consideran que el debate electoral ocupa más espacio que la consolidación de una estrategia local de seguridad.
No significa que el gobierno municipal sea responsable de todos los problemas ni que la Federación o el Estado puedan adjudicarse todos los éxitos. La seguridad pública es, por definición, una responsabilidad compartida.
Los tres órdenes de gobierno tienen obligaciones distintas. La Federación combate a la delincuencia organizada y coordina la estrategia nacional. El Estado articula operativos, inteligencia y coordinación regional. Los municipios tienen la responsabilidad cotidiana de la prevención, la policía de proximidad, el patrullaje, el alumbrado, la recuperación de espacios públicos y la cercanía con la ciudadanía. Es justamente en ese último nivel donde se construye buena parte de la percepción social.
La principal enseñanza que deja la ENSU es que la percepción no cambia cuando baja un delito. Cambia cuando los ciudadanos acumulan suficientes experiencias positivas como para modificar la idea que tienen sobre su ciudad. Cambia cuando la patrulla llega. Cuando el policía inspira confianza. Cuando los espacios públicos vuelven a ocuparse. Cuando las familias recuperan hábitos que habían abandonado por miedo. Cuando la autoridad deja de ser una figura distante y se convierte en una presencia cotidiana.
Las estadísticas pueden anunciar el inicio de una mejor etapa, pero únicamente la confianza termina consolidándola. En otras palabras, la seguridad se construye con resultados; la percepción se construye con resultados sostenidos, presencia institucional y confianza ciudadana. Y esa, probablemente, sea la tarea más difícil para cualquier gobierno.
