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El agua que enferma: Guadalajara entra en emergencia hídrica y racionará el suministro por seis meses

Guadalajara vive su peor crisis de agua en décadas. Lo que comenzó como reportes aislados de líquido turbio y maloliente se convirtió en una emergencia sanitaria y social que tiene a más de 300 colonias en jaque, a vecinos enfermos y a un gobierno estatal tomando decisiones drásticas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció este martes que el suministro de agua se reducirá durante al menos seis meses. La medida, dijo, es necesaria para dejar de usar el agua de la presa de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, que abastece a la zona metropolitana y que, según los expertos, ya rebasó por mucho su vida útil. “Es una decisión difícil, pero responsable; implica que durante los próximos meses tengamos menos agua para distribuir entre todos, pero será agua de mucho mejor calidad”, declaró en un video.

El impacto será considerable: especialistas calculan que el desabasto afectará a cerca de 944 mil personas, casi un millón de habitantes que dejarán de recibir agua en sus hogares o la recibirán de manera intermitente mediante tandeos. El caudal que se dejará de recibir equivale al 19% del total de los abastecimientos de la ciudad.

   

La gota que derramó el vaso fue un fin de semana que los vecinos describen como “angustiante”. Testimonios recogidos en colonias como la Americana aseguran que el agua fluía con coloraciones que iban del lodo al petróleo, con olores fétidos y texturas sospechosas. “Había domicilios donde el agua era negra. Era agua de caño, literalmente”, relata Sergio Garibi, vocero de los vecinos de la colonia Americana.

Los reportes ante el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) se dispararon. De 85 denuncias a mediados de septiembre, la cifra escaló a 145 en la última semana. Garibi asegura que los padecimientos más comunes entre los afectados son sarpullidos en la piel e irritación en los ojos. “Mis vecinos y yo estamos enfermando”, lamenta.

   

Fernanda Dueñas, de 29 años, es una de las afectadas. En un video que ya supera las 6,000 vistas en Instagram, muestra las ronchas gigantes que han aparecido por todo su cuerpo. “El diagnóstico médico ha sido que por el agua sucia se intensificó. Pagué dermatólogo, internista, alergólogo, medicinas, cortisona, y nada me hacía. Han sido vecinos, niños. No puedes lavarte ni las manos ni los dientes. El olor, aunque a veces salga el agua clara, es un olor fétido, como a muerto”.

Para Juan Pablo Macías, especialista en análisis de datos del agua, la respuesta del gobierno ha sido “una salida fácil”. “Combatir las descargas de aguas residuales legales o ilegales que hay en el sistema antiguo hubiera sido lo más adecuado. Pero se fueron por dejar de usar esa agua. Si se combaten las descargas ilegales, podríamos tener mejores resultados”, sostiene. “El gobernador mencionó que se están combatiendo las descargas, sin embargo, no hay responsables, no hay sanciones, no hay multas, no hay personas detenidas. Estamos hablando de delitos. Vienen tiempos muy difíciles para Guadalajara”.

Un informe elaborado por Macías junto con otros especialistas revela que el agua que llega a la planta potabilizadora de Miravalle es, en su mayoría, agua negra que recibe descargas residuales domésticas, industriales y agrícolas. El documento también señala que durante varios periodos no se reportaron las mediciones de algunos elementos, ya sea por falta de recursos para adquirir reactivos o para no mostrar niveles significativamente altos.

Mientras el gobierno estatal apuesta por la construcción de un nuevo acueducto sustituto —cuya autorización deberá pasar por el Congreso local y que tardará al menos dos años—, los vecinos han convocado a una megamarcha para el próximo domingo 11 de octubre. La exigencia es clara: agua limpia, respuestas y sanciones para quienes contaminan.

La crisis del agua en Guadalajara no es nueva, pero nunca había alcanzado este nivel de gravedad. Hoy, la ciudad enfrenta un racionamiento que podría extenderse más allá de los seis meses anunciados, mientras miles de familias conviven con el temor de enfermar cada vez que abren la llave.

Con información de: El País