Pocas discusiones resultan tan delicadas para una democracia como aquella que enfrenta dos derechos igualmente legítimos: el derecho de las audiencias a recibir información de calidad y el derecho de los medios de comunicación a ejercer la libertad de expresión sin injerencias indebidas. La discusión en torno a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha vuelto a colocar ese equilibrio en el centro del debate público.
Conviene precisar que no se trata propiamente de una nueva ley, sino de los lineamientos que desarrollan la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y actualmente en consulta pública. Su objetivo es establecer los mecanismos mediante los cuales las personas radioescuchas y televidentes podrán ejercer los derechos que la legislación les reconoce frente a los concesionarios.
El debate tampoco es nuevo. Los derechos de las audiencias fueron incorporados al marco jurídico mexicano con la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013 y desarrollados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, particularmente en sus artículos 256 al 261. Desde entonces, la regulación ha sido objeto de modificaciones, controversias constitucionales y resoluciones de la Suprema Corte, por lo que la discusión actual representa un nuevo episodio en una conversación que México mantiene desde hace más de una década.
En principio, el propósito de los nuevos lineamientos parece difícil de cuestionar. Establecen obligaciones para que los concesionarios distingan claramente entre información, opinión y publicidad; cuenten con un Código de Ética; designen una Defensoría de las Audiencias; atiendan quejas y solicitudes de rectificación; y promuevan la difusión de información verificada. En un contexto donde la desinformación circula con enorme facilidad y las redes sociales han desdibujado las fronteras entre periodismo, propaganda y creación de contenidos, resulta razonable que el Estado busque fortalecer los derechos de las audiencias.
Sin embargo, el problema nunca ha sido la intención, sino el instrumento. Las principales observaciones se concentran en la amplitud de algunos conceptos previstos en los lineamientos. ¿Quién determinará cuándo una información es falsa, engañosa o carece del contexto suficiente? ¿Cuáles serán los criterios para distinguir un error periodístico de un intento deliberado de desinformar? La preocupación expresada por organizaciones civiles, especialistas y medios radica en que estas valoraciones podrían resultar subjetivas si no existen reglas claras y contrapesos efectivos.
El punto más sensible es el papel que desempeñará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, autoridad encargada de aplicar estos lineamientos y con facultades para conocer de procedimientos e imponer sanciones. No se cuestiona únicamente la existencia de una autoridad reguladora, sino el alcance de sus atribuciones y las garantías de independencia con las que deberá actuar.
Del otro lado del debate también conviene evitar simplificaciones. Sostener que toda regulación constituye censura desconoce que el espectro radioeléctrico es un bien público concesionado por el Estado y que, como ocurre en la mayoría de las democracias, existen obligaciones para quienes hacen uso de él. La libertad de expresión no excluye responsabilidades, del mismo modo que la protección de las audiencias no puede convertirse en un mecanismo de control editorial.
Quizá ahí reside el verdadero desafío. Una buena regulación no debe diseñarse pensando únicamente en el gobierno que la impulsa, sino en cualquier gobierno que pueda aplicarla en el futuro. Las facultades que hoy parecen razonables pueden convertirse mañana en instrumentos de presión si no existen procedimientos transparentes, criterios objetivos y órganos con suficiente autonomía para evitar cualquier uso discrecional.
También sería un error reducir la discusión a la radio y la televisión. Hoy buena parte de la conversación pública ocurre en plataformas digitales, donde proliferan campañas de desinformación, contenidos manipulados, inteligencia artificial y publicidad disfrazada de información. Regular únicamente a los medios tradicionales podría dejar fuera el espacio donde actualmente se generan muchos de los problemas que precisamente se pretende atender.
Al final, la democracia necesita dos cosas al mismo tiempo: medios libres y ciudadanos bien informados. Ninguna puede sacrificarse en nombre de la otra. El verdadero reto consiste en construir un marco regulatorio que fortalezca los derechos de las audiencias sin debilitar la libertad de expresión. Porque la confianza pública no se impone mediante lineamientos ni decretos; se construye con instituciones creíbles, periodismo responsable y una ciudadanía cada vez más crítica e informada.
