Por David Omar Guirado
La reciente reforma al Poder Judicial en México, avalada por el Congreso, ha generado inquietud en el sector empresarial y financiero. Los cambios propuestos, que incluyen la elección popular de más de 7,000 jueces y magistrados, han sido motivo de preocupación para banqueros, empresarios y agencias calificadoras. El Banco de México (Banxico) ha advertido que esta reforma podría aumentar la incertidumbre, afectando las inversiones en el país.
La incertidumbre en el entorno político y legal puede generar cautela entre los empresarios a la hora de tomar decisiones de inversión. Los empresarios consultados por el banco central han insistido en la necesidad de un entorno con incentivos claros para la inversión y en la fortaleza del Estado de Derecho como condición indispensable para un crecimiento económico sostenido.
La reforma judicial llega en un momento en el que la economía mexicana muestra señales de debilitamiento. De acuerdo con el Reporte sobre las Economías Regionales del Banco de México, el país experimentó una pérdida de impulso económico en el segundo trimestre de 2024, especialmente en el sector industrial y en los servicios. Las manufacturas, particularmente en el norte y centro del país, se han contraído, lo que ha contribuido a un crecimiento económico menor al esperado.
Aunque Banxico pronostica que las economías regionales continuarán creciendo, el ritmo será moderado, y el entorno incierto podría frenar el progreso. La incertidumbre generada por la reforma judicial agrava este escenario. A largo plazo, los empresarios temen que la falta de un marco legal sólido afecte la capacidad del país para atraer y retener inversiones, especialmente en sectores clave como el nearshoring, donde México ha sido un destino atractivo debido a su cercanía con Estados Unidos.
Agencias internacionales, como Moody’s, también han expresado su preocupación. La agencia calificadora advirtió que la reforma judicial presenta riesgos crediticios, lo que podría traducirse en una disminución de la calificación crediticia de México. Moody’s señaló que la incertidumbre en torno a la implementación de estos cambios afectará particularmente a las empresas que dependen de concesiones gubernamentales y grandes inversiones.
Uno de los puntos críticos de la reforma es su posible impacto en las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos y Canadá, debido a los compromisos firmados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Los embajadores de estos países han expresado inquietudes sobre cómo la reforma afectará la transparencia y profesionalismo en el sistema judicial mexicano, lo que podría poner en riesgo la estabilidad de los acuerdos comerciales.
La reforma judicial ha sido vista como un factor que podría generar mayor volatilidad en los mercados financieros. Aunque el peso mexicano ha mostrado resistencia frente a la noticia de la aprobación de la reforma, cotizando por debajo de las 19 unidades por dólar, los analistas no descartan que esta estabilidad pueda verse comprometida en el corto plazo. BBVA advirtió que las reformas propuestas podrían socavar el Estado de Derecho y aumentar la posibilidad de una aplicación arbitraria de la ley, lo que afectaría negativamente las perspectivas económicas del país.
Antes de la reforma, se proyectaba que la economía mexicana crecería a un ritmo inferior al 2% en 2025, con una inflación cercana al 3.5% anual. Sin embargo, los riesgos asociados con la incertidumbre legal y política ahora elevan la prima de riesgo del país, lo que podría derivar en una posible rebaja de la calificación crediticia.
BBVA también destacó que los factores cualitativos, como la estabilidad del marco legal y la confianza en las instituciones, son fundamentales en la evaluación de riesgo país por parte de las agencias de crédito. Por lo tanto, las reformas al Poder Judicial pueden incrementar la vigilancia negativa sobre México, afectando la percepción internacional y limitando el acceso a financiamiento en condiciones favorables.
Las preocupaciones sobre la reforma judicial no solo afectan a los empresarios nacionales, sino también a las multinacionales que ven a México como un destino atractivo para la inversión. La posibilidad de que la reforma provoque cambios en la manera en que se aplican las leyes, sumada a la elección popular de jueces y magistrados, genera dudas sobre la imparcialidad y el profesionalismo del sistema judicial. En el mismo tenor, el ejecutivo no tendrá contrapesos en el poder legislativo.
Esto es particularmente relevante en el contexto del nearshoring, donde muchas empresas extranjeras han considerado a México como un centro de manufactura cercano a Estados Unidos. Si la reforma judicial se percibe como un debilitamiento del Estado de Derecho, es probable que estas empresas reconsideren sus planes de inversión, optando por destinos con marcos legales más estables.
La reforma judicial ha planteado un escenario de incertidumbre para la economía mexicana. A medida que los cambios constitucionales se promulgan y entran en vigor, el país se enfrenta a un entorno más volátil y complejo, en el que las inversiones podrían frenarse o desviarse hacia otros países.
El Banco de México y las agencias calificadoras han dejado claro que la fortaleza del Estado de Derecho es fundamental para el crecimiento económico. Si la confianza en el sistema judicial se ve comprometida, las repercusiones en las inversiones y en la estabilidad financiera del país podrían ser significativas. México, que hasta ahora ha resistido los embates económicos globales, deberá navegar con cautela en este nuevo escenario, donde las decisiones políticas tendrán un impacto directo en su futuro económico.
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