Los jueces y magistrados de México se han sumado al paro de trabajadores del Poder Judicial en respuesta a la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena. Más de 1,200 juzgadores han expresado su apoyo a esta huelga, que ha afectado a casi veinte estados del país. A pesar de la protesta, el Consejo de la Judicatura ha asegurado que se mantendrán servicios mínimos para atender casos urgentes. Mientras tanto, el presidente López Obrador ha calificado la huelga de “ilegal” y ha minimizado su importancia en su conferencia de prensa matutina, sugiriendo que a la mayoría de los mexicanos “no les va a importar”.
La reforma judicial propuesta forma parte de un paquete más amplio de 20 medidas para modificar la Constitución. Entre los cambios más polémicos se incluyen la elección de jueces y magistrados por voto popular, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a nueve, y la reestructuración del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se pretende implementar nuevas reglas procesales que limitarían las suspensiones en amparos y acciones de inconstitucionalidad, lo que ha generado preocupación entre los miembros del Poder Judicial.
El presidente López Obrador ha defendido la reforma como un paso necesario para erradicar la corrupción dentro del Poder Judicial, argumentando que actualmente existen jueces y magistrados que permiten la impunidad al liberar a delincuentes, tanto del crimen organizado como de delitos de cuello blanco. El presidente sostiene que la reforma busca limpiar y mejorar el sistema judicial, y que no todos los miembros del Poder Judicial están involucrados en actos corruptos.
La controversia generada por la reforma judicial ha tenido repercusiones más allá de las fronteras de México. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha expresado su preocupación por los efectos potenciales de la reforma en la relación comercial entre ambos países. Salazar advirtió que la elección política de jueces podría debilitar los esfuerzos para integrar económicamente a América del Norte y podría facilitar la corrupción judicial. Además, señaló que la propuesta podría generar inestabilidad en los mercados financieros y afectar negativamente el tipo de cambio del peso frente al dólar.
La directora de análisis económico de Banco Base, Gaby Siller, estima que la reforma podría impactar negativamente en el Producto Interno Bruto (PIB) de México, reduciéndolo en al menos un 1.9%. La incertidumbre generada podría frenar la llegada de nuevas inversiones y la reinversión de utilidades por parte de empresas que operan en México, lo que podría tener un efecto dominó sobre otras empresas nacionales y extranjeras.
El conflicto en torno a la reforma judicial de López Obrador ha desatado un fuerte debate sobre el futuro del sistema de justicia en México. Mientras el gobierno defiende la reforma como un medio para erradicar la corrupción, los jueces y magistrados advierten sobre los riesgos de centralizar el poder y debilitar la independencia judicial. Las preocupaciones expresadas por actores nacionales e internacionales, incluidos Estados Unidos —que, nos guste o no, es nuestro principal socio comercial— y expertos económicos, subrayan la complejidad de la situación y la importancia de encontrar un equilibrio que permita reformas necesarias sin comprometer la estabilidad institucional ni la confianza en el sistema judicial. El desarrollo de este conflicto y sus implicaciones para el futuro del país requieren un análisis cuidadoso y una respuesta equilibrada.
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