Por David Guirado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, ha tomado una decisión unánime, que marca un hito en la lucha por los derechos de las mujeres en el país. En una histórica resolución, la SCJN ha despenalizado el aborto en México. Esta decisión, tiene implicaciones significativas, ya que obliga a las instituciones de salud pública federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Pemex, a proporcionar servicios de aborto de forma gratuita. Además, la resolución de la Corte establece que el personal médico no puede ser criminalizado por llevar a cabo procedimientos de aborto.
Este logro, representa un paso más hacia la libertad de elección en la interrupción del embarazo, siguiendo el importante precedente de 2021. Hace dos años, la SCJN dictaminó que ninguna mujer podía ser encarcelada por abortar, lo que obligó a los jueces a desechar casos penales relacionados con el aborto. También. instó al estado de Coahuila a modificar su código penal, marcando así el camino para que otros estados de México reformaran sus leyes y eliminen las penas por esta práctica.
Sin embargo, desde entonces, el progreso ha sido desigual, solo 11 de los 32 estados habían modificado sus leyes. La reciente resolución de la SCJN, gracias a un amparo presentado por la organización feminista Gire, va más allá de simplemente evitar la criminalización del aborto. También, exige la modificación del Código Penal Federal para eliminar la definición del aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” y las penas asociadas.
Isabel Fulda, subdirectora de Gire, califica esta decisión como “el mayor avance” en la lucha por los derechos reproductivos. La eliminación del delito de aborto del código federal no solo elimina un estigma, sino que también abre la puerta para la prestación de servicios de aborto en las instituciones federales de salud que atienden a una gran parte de la población mexicana.
A pesar de este avance histórico, queda trabajo por hacer en la implementación efectiva de servicios de aborto accesibles. La subdirectora de Gire señala que la brecha entre la legalización y la disponibilidad real de servicios es un desafío crucial. Se necesitan insumos y capacitación para el personal médico para garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios seguros y de calidad.
Además, a nivel judicial, el acceso al aborto en México sigue siendo parcial y varía según la región. La mayoría de los estados permiten el aborto hasta las 12 semanas de gestación, mientras que algunos permiten excepciones en casos específicos.
Si bien la resolución de la SCJN es un hito en la lucha por los derechos de las mujeres en México, aún queda trabajo por hacer. Los estados deben revisar y modificar sus leyes para reflejar esta decisión histórica y garantizar un acceso real y seguro a la interrupción del embarazo. La eliminación del estigma y la protección de los derechos de las mujeres son pasos importantes hacia una sociedad más igualitaria y justa.
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