Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas, bajo la hipótesis de que, en su calidad de servidor público, ocultó información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La autoridad judicial reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el exmandatario, quien permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México. Asimismo, concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, informó la madrugada de este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
Aguirre Rivero fue detenido el pasado 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, como parte de las nuevas diligencias realizadas por la Fiscalía en torno a la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La acusación de la FGR está relacionada con el presunto ocultamiento de información y la posible destrucción de grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron parte de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Las imágenes fueron captadas por dispositivos del sistema de videovigilancia instalado en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala y, según la investigación, habrían registrado el momento en que policías municipales y estatales detuvieron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas (unidad 1531 de Estrella de Oro).
Durante la audiencia, que se prolongó por más de 15 horas, la defensa de Aguirre Rivero presentó 31 datos de prueba para intentar desacreditar la acusación, incluyendo documentos oficiales, reportes periodísticos y declaraciones de distintas personas.
De acuerdo con medios nacionales, comparecieron como testigos Jesús Martínez Garmelo, exsecretario de Gobierno de Guerrero durante la administración de Aguirre, y Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador general de Seguridad y Transporte Aéreo del estado. Ambos declararon que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero en el momento en que presuntamente recibió las grabaciones y ordenó su destrucción, sino que se encontraba en la Ciudad de México.
La audiencia se llevó a cabo ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. En la diligencia también participaron 13 padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Con información de: Aristegui noticias
