Por Luis Fernando Heras Portillo
El Mundial 2026 dejó una cifra que duele más que cualquier marcador: según la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), 7 de cada 10 playeras de la Selección Mexicana que circulan en las calles son piratas. México vendió 1.9 millones de jerseys oficiales —el más vendido entre las 48 selecciones—, pero el mercado informal desplazó en volumen a lo legal. Mientras la playera original cuesta hasta 3,500 pesos, la copia se consigue en 150. El IMPI decomisó más de 80 mil piezas apócrifas solo en Tepito, sin que ello frenara el fenómeno.
El caso no es aislado. La adulteración de bebidas alcohólicas, el contrabando de cigarrillos extranjeros, los perfumes “fake” y la ropa deportiva clonada de marcas como Nike o Adidas forman parte del mismo ecosistema: un mercado paralelo que opera sin regulación, sin trazabilidad sanitaria y sin pagar un solo peso de impuestos.
La cifra de fondo es aún más grave: según el INEGI, la economía informal aportó 25.4% del PIB nacional en 2024 y da empleo a más de la mitad de la población ocupada. Es decir, uno de cada cuatro pesos que mueve la economía mexicana nace fuera del marco legal. Y mientras la inversión productiva lleva 19 meses a la baja, la informalidad crece a un ritmo tres veces mayor que el PIB formal.
No se trata de un problema menor de “changarros” o comercio ambulante. Es un fenómeno que erosiona la recaudación fiscal, desincentiva la inversión formal, expone a los consumidores a productos sin control de calidad y, sobre todo, normaliza entre generaciones jóvenes la idea de que evadir la ley y falsificar es simplemente “una forma de sobrevivir”. Con el tiempo, esa tolerancia social se convierte en cultura: la piratería deja de percibirse como delito y pasa a ser costumbre.
El reto no es únicamente de aplicación de la ley —decomisar sin detener a nadie, como ha ocurrido en la mayoría de los operativos, no resuelve nada—. El reto es estructural: mientras el acceso a productos legales siga siendo económicamente inalcanzable para millones de mexicanos, la piratería seguirá teniendo mercado. Combatirla exige política fiscal, educación y una industria que compita en precio, no solo en decomisos simbólicos.
