Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa. Lo hizo después de 112 días de licencia y en ejercicio de una facultad que, mientras no exista una resolución que se lo impida, le corresponde. Pero hay algo que no regresó con él: el respaldo político de su propio movimiento.
Y ahí está la verdadera noticia.
Porque una cosa es volver al despacho del gobernador y otra muy distinta volver acompañado por el partido que lo llevó al poder. En esta ocasión, el regreso de Rocha Moya vino acompañado de un inusual deslinde: la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que se trató de una decisión personal; Morena hizo lo propio y los gobernadores emanados del partido fueron todavía más contundentes al pedirle madurez y responsabilidad.
No es un detalle menor. Cuando un gobernador decide regresar y la dirigencia de su partido, el Gobierno federal y sus propios pares toman distancia de esa determinación, el mensaje político difícilmente puede pasar desapercibido. Rocha puede tener nuevamente el cargo, pero políticamente parece haber decidido emprender el regreso en solitario.
Y quizá ahí se encuentra la lectura más importante de todo este episodio. Morena está intentando dejar claro que una decisión individual no necesariamente compromete al proyecto colectivo. La presidenta no parece dispuesta a convertir el regreso de Rocha en una decisión de Palacio Nacional, ni a cargar políticamente con una determinación que, según se ha dicho públicamente, no fue consultada.
Eso también puede leerse como una señal de disciplina política. La llamada Cuarta Transformación ha construido buena parte de su discurso alrededor de la defensa del proyecto por encima de los intereses personales. Y ahora tiene frente a sí un caso que pone esa premisa a prueba: un gobernador que vuelve a su cargo mientras todavía existen investigaciones y señalamientos que han mantenido a Sinaloa en una situación política particularmente delicada.
Nadie está diciendo que Rocha Moya sea culpable de los señalamientos que pesan sobre él. Eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes. Pero tampoco puede ignorarse que el contexto existe y que, precisamente por ello, su regreso genera una discusión política que trasciende el derecho que pudiera tener para reasumir sus funciones.
Porque en política también existen los tiempos, las formas y los costos.
Rocha decidió regresar. Morena decidió no asumir como propia esa decisión. Y los gobernadores morenistas, en un hecho poco común, salieron públicamente a marcar distancia. Es difícil encontrar una fotografía política más clara: el gobernador volvió a Sinaloa, pero su movimiento decidió no volver con él.
El caso deja además una pregunta de fondo: ¿qué pesa más para un gobernante, la posibilidad legal de regresar o la conveniencia política de hacerlo?
Rocha Moya ya tiene nuevamente el poder institucional. Lo que tendrá que reconstruir, si es que puede, es el capital político.
Porque regresar al Palacio de Gobierno puede ser cuestión de una decisión personal. Recuperar la confianza de un movimiento, de una sociedad y de una clase política es otra historia.
Y esa, seguramente, apenas comienza.
