Durante meses, desde Morena y desde el propio Gobierno Federal intentaron minimizar lo que ocurría alrededor de Rubén Rocha Moya. Primero fueron “rumores”, luego “golpeteo político”, después “acusaciones sin pruebas”. Pero hoy la realidad terminó alcanzando al gobernador sinaloense y al grupo que lo rodeó durante su administración. La entrega de sus exsecretarios de Seguridad y de Finanzas ante autoridades estadounidenses ya no es solamente un escándalo mediático: es la confirmación de que el caso escaló a niveles internacionales y que el gobierno de Estados Unidos está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias.
El dato más delicado no es solamente que Gerardo Mérida haya aceptado colaborar como testigo en territorio estadounidense. Lo verdaderamente grave es lo que eso representa políticamente. Cuando los hombres más cercanos al poder comienzan a entregarse y a negociar información, normalmente no lo hacen para salvar a terceros; lo hacen para salvarse ellos mismos. Y en ese tipo de procesos, tarde o temprano, las declaraciones terminan subiendo de nivel. El mensaje es claro: el cerco se está cerrando y Rocha Moya ya dejó de ser un tema local para convertirse en un problema binacional.
En paralelo, la incertidumbre sobre el presunto congelamiento de cuentas bancarias solamente confirma que las investigaciones financieras avanzan más rápido de lo que el oficialismo quisiera admitir. Aunque la UIF no haya confirmado formalmente las versiones, el simple hecho de que el tema ya esté instalado públicamente evidencia que las autoridades mexicanas conocen la dimensión del caso. Porque cuando Estados Unidos pone la mira sobre redes financieras vinculadas al narcotráfico, difícilmente se trata de una advertencia menor.
Por eso el Gobierno Federal enfrenta hoy una decisión crucial. Morena no puede repetir la narrativa de protección política que durante décadas criticó al PRI y al PAN. No puede exigir justicia en unos casos y guardar silencio en otros por conveniencia partidista. Si la llamada Cuarta Transformación realmente pretende sostener la bandera del combate a la corrupción y a la impunidad, entonces debe permitir que las investigaciones avancen sin blindajes, sin pactos y sin discursos victimistas. Defender a Rocha Moya por cálculo político sería un error histórico para Claudia Sheinbaum y para Morena.
Porque más allá de filias o fobias políticas, hay algo evidente: Rocha Moya está cada vez más solo. Y en política, cuando los colaboradores empiezan a entregarse, cuando las investigaciones financieras avanzan y cuando el vecino del norte ya puso el expediente sobre la mesa, normalmente el desenlace ya está escrito. Quizá no sea mañana ni la próxima semana, pero todo apunta a que la caída política y judicial de Rubén Rocha Moya ya no es una posibilidad remota, sino simplemente una cuestión de tiempo.
