La narrativa de Morena sostiene que el pueblo pone, el pueblo quita y el pueblo manda. Sin embargo, sus procesos internos han dejado una interrogante cada vez más difícil de evadir: ¿realmente decide la gente o son los acuerdos políticos los que terminan definiendo a los ganadores? Las encuestas, presentadas como el instrumento democrático por excelencia, han perdido credibilidad ante inconformidades, cuestionamientos y decisiones que no siempre convencen ni siquiera a los propios morenistas.
El problema no es la existencia de acuerdos políticos, naturales en cualquier partido, sino que estos terminen pesando más que la participación de las bases. Morena presume reglas, pero su aplicación ha generado dudas recurrentes. El artículo 6 Bis de sus estatutos establece criterios para valorar la trayectoria y los atributos ético-políticos de los aspirantes; los artículos 44 y 46 contemplan mecanismos de selección y atribuciones de la Comisión Nacional de Elecciones. El reto, entonces, no es solamente tener normas escritas, sino demostrar que se cumplen y que las decisiones responden a procedimientos transparentes.
Ahí es donde el método comienza a hacer agua. En distintos procesos, las encuestas han sido cuestionadas por aspirantes inconformes; en otros, las candidaturas se han definido mediante consensos, perfiles únicos o designaciones que no necesariamente implicaron una competencia abierta. Estos mecanismos no son automáticamente ilegales, pero cuando no se explican sus razones ni se transparentan los criterios utilizados, la sospecha de que todo estaba arreglado termina por imponerse sobre el discurso de la democracia participativa.
Los antecedentes sobran. En Baja California Sur, las definiciones municipales de 2024 provocaron inconformidades entre cuadros morenistas; en Puebla, la selección de candidaturas también abrió frentes de disputa. Y en el proceso rumbo a 2027, las definiciones de coordinaciones estatales han vuelto a exhibir las tensiones entre aspirantes. En Nuevo León, la designación de Clara Luz Flores generó el rechazo de Tatiana Clouthier, quien anunció un movimiento político propio. En Chihuahua, la decisión de favorecer a Cruz Pérez Cuéllar dejó inconformidades entre quienes respaldaban a Andrea Chávez. Distintos estados, una misma constante: las decisiones formales no siempre consiguen la unidad política.
Sonora no está al margen de esta discusión. La definición de Lorenia Valles Sampedro como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación obliga a preguntarse si el procedimiento dejó la certeza suficiente entre quienes participaron y sus respectivos grupos. Porque una cosa es anunciar a quien encabezará la siguiente etapa y otra, muy distinta, conseguir que todos reconozcan la legitimidad del resultado. La disciplina partidista puede contener las diferencias, pero no necesariamente las resuelve.
El fondo del asunto es que Morena parece haber agotado una metodología que ya no garantiza lo que prometía: legitimidad, unidad y reconocimiento de las bases. Una encuesta no es democrática por sí sola; necesita reglas claras, resultados verificables y mecanismos de revisión. Un consenso tampoco equivale automáticamente a una decisión popular, mucho menos cuando se percibe como producto de negociaciones entre dirigencias.
Si el partido quiere evitar que las inconformidades se conviertan en rupturas durante las campañas, necesita revisar sus procedimientos antes de que avance el calendario electoral. Debe precisar cuándo se utilizarán encuestas, cómo se harán públicos sus resultados, bajo qué condiciones procederán las designaciones directas y qué mecanismos tendrán los participantes para impugnar decisiones que consideren injustificadas. La unidad no puede construirse a fuerza de pedir disciplina después de anunciar al ganador.
Morena llegó al poder cuestionando el dedazo, las cúpulas y las prácticas tradicionales de los partidos. Por eso, la contradicción resulta más evidente cuando sus propios procesos dejan la impresión de que primero se negocia, después se decide y finalmente se invoca al pueblo para legitimar el resultado.
Porque el pueblo no manda únicamente cuando se le consulta; manda cuando su voluntad tiene consecuencias verificables. Y si las encuestas ya no convencen, las designaciones generan dudas y los acuerdos dejan heridas, entonces el problema no es solamente quién gana cada proceso, sino la credibilidad del método con el que se elige.
Morena todavía está a tiempo de corregir, pero no puede seguir confundiendo unidad con obediencia ni popularidad electoral con democracia interna.
