El caso Chihuahua comienza a convertirse en un problema mucho más serio que un desencuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora panista Maru Campos. Lo que inicialmente estalló por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en territorio mexicano ahora suma señalamientos de corrupción contra César Jáuregui, exfiscal estatal, y coloca bajo escrutinio a una administración que tendrá que responder preguntas incómodas.
Las revelaciones publicadas por El Financiero, El Universal, Reforma y SinEmbargo dibujan un escenario políticamente explosivo: de acuerdo con la versión de la presidenta y las declaraciones de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, Maru Campos acudió ante la FGR y señaló a su propio exfiscal tanto por el caso de los agentes estadounidenses como por presuntas irregularidades relacionadas con casinos y prestanombres.
De confirmarse plenamente estos señalamientos, estaríamos ante algo más que una disputa entre adversarias políticas. Estaríamos frente a un asunto que involucra la soberanía nacional, la procuración de justicia y la posible existencia de prácticas irregulares dentro de una institución encargada, precisamente, de combatir el delito.
Pero hay una pregunta que no puede quedar fuera de la discusión: ¿qué sabía Maru Campos y desde cuándo?
Porque si el exfiscal incurrió en conductas ilícitas, tendrá que responder ante la justicia. Sin embargo, también corresponde esclarecer si existieron alertas previas, quiénes las conocían y qué hizo el gobierno estatal al respecto. La responsabilidad penal es individual y debe acreditarse con pruebas; la responsabilidad política, en cambio, también exige explicaciones sobre la vigilancia y el funcionamiento de las instituciones.
Maru Campos no puede ser considerada culpable por los señalamientos contra un integrante de su administración. Pero tampoco puede pretender que las preguntas sobre el desempeño de su gobierno desaparezcan con señalar a un excolaborador.
En el otro frente, Claudia Sheinbaum tiene la obligación de conducir el caso con prudencia institucional. La posible intervención de agentes extranjeros en territorio nacional es un asunto que merece una investigación rigurosa, independientemente de las diferencias partidistas. La soberanía no puede convertirse en un argumento selectivo ni la justicia en un instrumento de confrontación política.
La reunión en la que ambas mandatarias reconocieron haber levantado la voz exhibió una relación deteriorada. Sin embargo, el verdadero problema no es quién gritó más, sino qué ocurrió en Chihuahua, quién autorizó las operaciones cuestionadas y qué información poseen las autoridades.
El PAN también tiene motivos para preocuparse. Cuando una de sus principales figuras estatales queda envuelta en una controversia de esta naturaleza, el costo no se limita a la imagen de una gobernadora. El episodio puede convertirse en un flanco de desgaste para el partido, particularmente cuando el horizonte electoral de 2027 comienza a condicionar las estrategias de todos los actores políticos.
Por ahora, conviene no confundir acusaciones con sentencias. Los señalamientos contra Jáuregui deben investigarse y probarse; las versiones de las protagonistas deben contrastarse, y la FGR tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos sin consignas ni privilegios.
Al final, la pregunta es inevitable: si Maru Campos acudió a denunciar presuntas irregularidades de quien fuera uno de sus hombres de confianza, ¿estamos ante un ejercicio de transparencia o ante el intento de deslindar responsabilidades cuando el escándalo ya no podía contenerse?
La respuesta no la dará una conferencia de prensa, ni un intercambio de acusaciones entre Morena y el PAN. La darán las pruebas, las investigaciones y la disposición de las autoridades para llegar hasta las últimas consecuencias.
Porque en política, señalar al colaborador que cayó en desgracia puede ser una salida inmediata. Lo verdaderamente difícil es explicar cómo llegó hasta ahí y quién tenía la obligación de vigilarlo.
