La consulta pública sobre el proyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha vuelto a colocar sobre la mesa uno de los debates más relevantes para cualquier democracia: ¿cómo garantizar el derecho de las personas a recibir información de calidad sin comprometer la libertad de expresión? La discusión llega en un contexto de alta polarización política, donde con frecuencia los argumentos técnicos quedan relegados por las narrativas partidistas.
En los últimos días, buena parte del debate se ha concentrado en una palabra: censura. Para algunos sectores, los lineamientos representan el primer paso hacia un mayor control estatal sobre los contenidos de radio y televisión; para otros, simplemente actualizan mecanismos destinados a fortalecer los derechos de las audiencias. Lo cierto es que ninguna postura debería imponerse sin antes analizar con objetividad el contenido de la propuesta y aprovechar la consulta pública, abierta hasta el 21 de agosto, para enriquecer el proyecto con la participación de ciudadanos, especialistas, concesionarios y organizaciones civiles.
Entre las principales propuestas destaca la obligación de distinguir claramente cuándo un contenido corresponde a información, cuándo es opinión y cuándo se trata de publicidad. También se plantea que las estaciones de radio y televisión cuenten con un Código de Ética público, un Defensor de las Audiencias y mecanismos para atender las inconformidades de radioescuchas y televidentes. Es importante precisar que, en esta primera etapa, los lineamientos están dirigidos exclusivamente a los medios concesionados de radio y televisión, es decir, aquellos que utilizan el espectro radioeléctrico mediante una concesión del Estado. No abarcan, por ahora, a medios impresos, plataformas digitales o redes sociales.
Distinguir información de opinión no debería entenderse como una amenaza, sino como una práctica periodística indispensable. El periodismo informativo y la opinión cumplen funciones distintas, y las audiencias tienen derecho a identificar con claridad cuándo reciben hechos verificables y cuándo interpretaciones o posturas personales. La transparencia fortalece la credibilidad de los medios y contribuye a una ciudadanía mejor informada.
Paradójicamente, la forma en que se ha desarrollado el debate también evidencia la necesidad de esta discusión. La insistencia en reducir el tema a una supuesta censura ha terminado por desplazar el análisis del contenido de la propuesta y ha sembrado confusión en parte de la opinión pública. Ello confirma la importancia de diferenciar hechos, opiniones y discursos políticos, pues cuando esas fronteras se diluyen quienes terminan perdiendo son las propias audiencias.
Sin embargo, también sería un error desestimar las preocupaciones de quienes advierten posibles riesgos. La posibilidad de que la autoridad reguladora intervenga cuando una audiencia no quede satisfecha con la actuación del Defensor genera interrogantes legítimas. Aunque el proyecto no contempla censura previa, sí existe el desafío de garantizar que las reglas sean objetivas, claras y no propicien, por ambigüedad o discrecionalidad, escenarios de autocensura entre los medios.
El verdadero reto consiste en encontrar un equilibrio. El Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos de las audiencias, pero también de preservar la independencia editorial, el pluralismo y la libertad de expresión como pilares de cualquier sistema democrático. Ninguno de estos principios debe fortalecerse a costa del otro.
Más allá de las consignas políticas, esta consulta representa una oportunidad para discutir qué medios de comunicación necesita México en los próximos años. Los derechos de las audiencias y la libertad de expresión no son conceptos opuestos, sino complementarios. El desafío será construir reglas que fortalezcan ambos por igual, porque cuando el debate privilegia los argumentos sobre la desinformación, quienes realmente ganan son la democracia, el periodismo y la sociedad.
