La soberanía de un país no solamente se pone a prueba cuando existen amenazas militares o disputas territoriales de grandes dimensiones. También puede comenzar a debilitarse cuando las decisiones unilaterales se imponen sobre los acuerdos internacionales y cuando la defensa del territorio termina dependiendo de la voluntad de quienes deciden ejercer mayor presión. Lo que hoy ocurre con las nueve islas del Río Bravo es una señal de alerta que México no debe minimizar.
Texas ha decidido avanzar en la reclamación de nueve islas ubicadas en la frontera con México, bajo el argumento de que estos territorios pueden representar puntos vulnerables para la seguridad fronteriza y ser utilizados por organizaciones criminales. Sin embargo, detrás de este argumento existe una discusión mucho más profunda: ¿quién tiene la autoridad para determinar la propiedad de esos territorios y bajo qué reglas debe hacerse? La propia comisionada de Tierras, Dawn Buckingham, reconoció que no se han confirmado actividades criminales en las nueve islas. La lucha contra el narcotráfico no puede convertirse en una licencia para modificar las reglas de una frontera internacional.
La frontera entre México y Estados Unidos está delimitada por tratados internacionales que establecen procedimientos para resolver cualquier controversia territorial. El Tratado de Límites de 1970 y la intervención de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) constituyen los mecanismos institucionales para atender estas situaciones. Por tanto, ninguna autoridad estatal puede atribuirse unilateralmente facultades que corresponden a un procedimiento binacional.
Tampoco se debe perder de vista el antecedente de la isla Fronton, cuya propiedad fue reclamada por Texas en 2023 y cuya situación continúa bajo revisión de las instancias correspondientes. La incorporación de nueve islas más a esta controversia obliga a observar si estamos ante casos aislados o frente a una política de expansión de las facultades territoriales texanas en la zona fronteriza.
Es importante señalar que no está demostrado que las nueve islas pertenezcan a México. Algunas podrían corresponder al Gobierno federal estadounidense y otras al estado de Texas. Precisamente por eso debe prevalecer la investigación técnica, cartográfica e histórica de la CILA. Defender la soberanía mexicana también significa actuar con rigor, sin adelantar conclusiones sobre territorios cuya titularidad todavía debe determinarse.
Pero sería ingenuo analizar este episodio sin considerar el contexto político de la relación bilateral. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la frontera se ha convertido en uno de los principales escenarios de presión sobre México. Migración, narcotráfico, comercio y seguridad forman parte de una agenda en la que Washington ha endurecido sus exigencias, mientras Texas mantiene una política particularmente estricta en materia de control fronterizo. El riesgo es que las medidas justificadas bajo criterios de seguridad comiencen a normalizar intervenciones que rebasen las competencias de las autoridades locales.
México, por su parte, tiene la obligación de responder con algo más que declaraciones diplomáticas. La Secretaría de Relaciones Exteriores debe utilizar los instrumentos legales disponibles, exigir que se respeten los procedimientos binacionales y evitar que se consoliden hechos consumados. La relación con Estados Unidos exige cooperación y entendimiento, pero cooperar no significa subordinarse ni renunciar al respeto de los tratados que garantizan la integridad territorial de ambas naciones.
Al final, el tamaño de las islas no determina la dimensión del problema. Nueve pequeñas porciones de tierra pueden convertirse en un precedente de enormes consecuencias si se permite que una autoridad estatal sustituya los mecanismos internacionales por decisiones propias. Hoy la discusión está en el Río Bravo, pero mañana podría presentarse en otro punto de una frontera que comparten miles de kilómetros.
La soberanía no se pierde de un día para otro ni necesariamente mediante una confrontación abierta. A veces comienza a escurrirse lentamente entre omisiones, silencios y decisiones que se aceptan como hechos consumados. Por eso México debe actuar con firmeza jurídica, inteligencia diplomática y claridad institucional.
Que no sean las aguas del Río Bravo las que terminen arrastrando también el respeto a la soberanía nacional.
