En la política mexicana pocas veces las coincidencias son solamente coincidencias. Cuando tres acontecimientos de alto impacto ocurren prácticamente al mismo tiempo, la opinión pública tiene derecho a preguntarse si está viendo el desarrollo natural de las investigaciones o la construcción de una narrativa.
Primero, la filtración de presuntos audios que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Después, la sorpresiva detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, una figura emblemática de la transición democrática en México. Y casi de manera simultánea, las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señalando públicamente a Marina del Pilar. Tres hechos distintos que, juntos, alimentan una percepción inevitable: la de una crisis política amplificada en el momento preciso.
No corresponde a los medios ni a la opinión pública dictar sentencias. Esa es responsabilidad de las autoridades competentes. Pero sí corresponde cuestionar cuándo la justicia parece avanzar con una velocidad inusual para algunos casos y con una lentitud desesperante para muchos otros. Ahí es donde surge el concepto de justicia selectiva: una justicia que parece elegir sus tiempos, sus protagonistas y hasta el impacto mediático de sus actuaciones.
En un país donde millones de carpetas de investigación permanecen archivadas, donde desapariciones, homicidios y actos de corrupción siguen esperando respuestas, resulta inevitable preguntarse por qué ciertos expedientes adquieren una prioridad absoluta mientras otros continúan en el olvido. La percepción, aunque no siempre corresponda a la realidad, termina erosionando la confianza en las instituciones.
También vale la pena preguntarse si la intensidad mediática de estos acontecimientos funciona como una cortina de humo. No necesariamente porque alguno de los hechos sea falso o irrelevante, sino porque su difusión masiva desplaza del debate público otros temas que también merecen atención: la inseguridad, el crecimiento económico, la crisis hídrica, la relación comercial con Estados Unidos o los desafíos internos del país.
La filtración de audios, además, abre otro debate igual de delicado. Cuando el contenido de conversaciones privadas aparece primero en redes sociales que en un expediente judicial, el problema deja de ser únicamente político. Se convierte también en una discusión sobre la legalidad de las filtraciones, el uso de información obtenida de manera irregular y la posibilidad de que el juicio mediático sustituya al debido proceso.
La captura de Ernesto Ruffo Appel tampoco puede analizarse únicamente desde la óptica judicial. Se trata de un personaje con un enorme peso simbólico en la historia política del país, por lo que cualquier acción en su contra inevitablemente tendrá repercusiones políticas. Lo mismo ocurre con las acusaciones cruzadas entre gobernadoras: cuando la confrontación sustituye a las instituciones, el riesgo es que la verdad quede atrapada entre intereses partidistas.
La democracia necesita investigaciones serias, transparentes y sustentadas en pruebas, no en filtraciones estratégicas ni en calendarios políticos. Si existen delitos, que se sancionen sin importar colores ni cargos. Pero si las acciones de la justicia terminan coincidiendo sistemáticamente con momentos de alta rentabilidad política, la sospecha deja de ser un problema de percepción y se convierte en un problema de credibilidad institucional.
Porque el verdadero desafío no es decidir quién gana la batalla mediática. Es demostrar que en México la justicia no tiene preferencias, no responde a coyunturas y no necesita reflectores para cumplir con su deber. Mientras esa certeza no exista, cada filtración, cada detención y cada acusación pública seguirán alimentando la misma pregunta: ¿estamos presenciando el fortalecimiento del Estado de derecho o simplemente otro capítulo del espectáculo político?
