Por René García
Hay una prueba que ningún gobernante puede preparar con discursos. Llega con el agua, de noche, y solo pregunta quién estuvo ahí y cuánto tiempo se quedó. El huracán “Polo” le puso esa prueba a Sonora. En mi opinión, el gobernador Alfonso Durazo la pasó.
Lo digo por algo concreto. Cuando el huracán todavía no tocaba tierra, el Comité de Operaciones de Emergencia ya sesionaba de manera permanente. Se evacuó de forma preventiva y se reforzaron bordos. La maquinaria pesada se movió hacia los municipios antes de que el agua la hiciera necesaria. Anticiparse casi nunca se aplaude, porque lo que se evita no sale en ninguna foto. Y sin embargo es la decisión que más vidas cuida.
Catorce municipios resintieron el golpe, la mayoría en el sur del estado. Al corte del 5 de octubre se contaban 9,592 viviendas con algún daño. Detrás de cada una hay una familia que sacó el colchón al sol y que durmió fuera de su casa.
Coordinar a más de veinte instituciones en medio de una emergencia exige algo que no viene en ningún manual: tomar decisiones rápido con información incompleta y hacerse responsable de ellas. Durazo se puso al frente de esa coordinación y estuvo al pendiente de cada municipio afectado. Más de 6,500 personas salieron a territorio. A las comunidades que se quedaron sin camino la ayuda les llegó por aire. Se repartieron más de 30 mil dotaciones de alimento.
Me quedo con un detalle pequeño. Entre los apoyos hubo alimento para bebé y croquetas para las mascotas. Quien arma un paquete así entiende cómo vive de verdad una familia de Etchojoa o de Huatabampo y las comunidades. Ahí se nota cuando un gobierno escucha.
En las emergencias es fácil aparecer el primer día. Lo difícil es quedarse cuando las cámaras se van. Hoy las brigadas siguen casa por casa con el censo y los dictámenes estructurales, y se trabaja para restablecer el agua y la luz donde todavía fallan. Eso también es gobernar, aunque nadie lo transmita en vivo.
Como legislador, mi trabajo es vigilar al gobierno. Reconocer lo que se hace bien forma parte de esa misma tarea, y callarlo por cálculo político sería una falta de honestidad con la gente. Por eso lo escribo con todas sus letras: en esta emergencia el gobernador cumplió, y con él cumplieron miles de servidores públicos que cambiaron su casa por el lodo de la casa de alguien más.
Falta la reconstrucción, que será larga. Pero las familias del sur ya saben algo que no se les va a olvidar. En Sonora nadie se queda solo.
¿Quién le pone precio a una multa?
Si a usted lo multan en Hermosillo por una infracción de tránsito, ¿quién decide cuánto tiene que pagar? Parece pregunta de examen de derecho, pero toca el bolsillo de cualquiera que maneje en la ciudad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de responderla, y le dio la razón al Congreso de Sonora.
El caso empezó en marzo de 2025. El Ayuntamiento de Hermosillo reformó su Reglamento de Tránsito y en el artículo 106, fracción II, fijó multas de 40 a 100 mil UMAs. Pongámoslo en pesos. Con el valor de la UMA de 2025, de 113.14 pesos, la multa podía ir de unos 4,500 pesos hasta más de 11 millones. Once millones de pesos por una infracción de tránsito.
Los diputados vimos ahí dos problemas. El primero era el monto, que no guarda proporción con ninguna falta al volante. El segundo era de fondo: el Ayuntamiento no tenía facultad para fijarlo por su cuenta. En Sonora, los montos de las multas municipales deben estar en la Ley de Ingresos de cada municipio, y esa ley la aprueba el Congreso. Por eso el Congreso promovió una controversia constitucional, que es el juicio que sirve para decidir cuándo una autoridad invade el terreno de otra.
El camino fue largo. En mayo de 2025 el ministro instructor de entonces desechó la demanda. El Congreso insistió y el asunto llegó al Pleno. Hace unos días, la Corte resolvió la Controversia Constitucional 156/2025 e invalidó ese artículo, porque consideró que el Ayuntamiento se tomó atribuciones que le corresponden al Congreso del Estado.
Conviene explicar bien qué significa esto, porque se presta a confusión. El municipio conserva el tránsito. El artículo 115 de la Constitución lo reconoce como función municipal, y Hermosillo puede seguir reglamentándolo. Lo que no puede es saltarse a la Legislatura cuando se trata de cobrarle dinero a la gente. Las legislaturas estatales pueden poner reglas generales para que la materia sea pareja, incluidas las de infracciones y sanciones.
¿Por qué le importa esto a quien maneja? Cuando el monto de una multa pasa por el Congreso, se discute en público y queda escrito en una ley que cualquiera puede consultar. Cuando lo decide una sola autoridad en un reglamento, el ciudadano queda expuesto a cifras que nadie más revisó.
Para mí, la resolución es una buena noticia para Hermosillo. Ninguna autoridad, sea del partido que sea, debería poder fijar multas millonarias sin rendirle cuentas a nadie. Separar quién reglamenta y quién fija los cobros protege a la gente de abusos.
Desde el Congreso vamos a seguir cuidando que cada peso que se le cobre a un sonorense tenga sustento en una ley.
