La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha declarado inválidas las reformas a dos leyes que forman parte del “plan B” electoral, impulsado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La mayoría, nueve ministros contra dos, consideró que la fracción mayoritaria en el Congreso incurrió en graves violaciones al debido proceso legislativo para sacar adelante las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las otras cuatro reformas que integran el paquete del “plan B” serán analizadas en una sesión futura.
Este fallo, representa un primer revés judicial contra uno de los proyectos de reforma más importantes para el gobierno de López Obrador, que con el “plan B” pretendía acotar las facultades del INE —el órgano autónomo que organiza las elecciones— con el argumento de generar ahorros para el erario. Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia ha enviado el mensaje de que será estricto en vigilar que las reformas del Gobierno cumplan con el trámite legislativo establecido en la propia ley.
Los ministros argumentaron que no se llevó a cabo un auténtico procedimiento legislativo de orden constitucional. Al concluir que el Congreso incurrió en violaciones al procedimiento legislativo en la aprobación del “plan B”, la Corte no tuvo que entrar a la discusión de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las modificaciones. Solo las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz votaron en contra de invalidar las reformas pese al cúmulo de irregularidades descritas durante la sesión. Ambas ministras fueron propuestas al cargo directamente por el presidente López Obrador.
El ministro Arturo Zaldívar, que se había distinguido por votar a tono con los intereses del Gobierno en otros asuntos, manifestó su desacuerdo con el desaseo procedimental en el que incurrieron los legisladores de la fracción mayoritaria. La acción de inconstitucionalidad señala que la mala actuación del Congreso derivó en que se aprobara una reforma sin que hubiera deliberación entre las fuerzas políticas representadas y sin que estas conocieran el contenido de lo que avalaron.
La dispensa de trámites no debe usarse como instrumento para negar a los legisladores el conocimiento de los proyectos en aras de la urgencia. La ministra Margarita Ríos ha advertido de que la dispensa de deliberación no debe convertirse en un recurso rutinario en la aprobación de leyes.
“El trámite urgente es una medida excepcional que limita la capacidad deliberativa del órgano legislativo, por lo que no puede operar como una regla, sino que en todo momento debe ser una excepción para casos donde, de seguirse el trámite legislativo ordinario, pudiera generarse una afectación a la sociedad. Para garantizar que esta medida siga siendo excepcional y no se convierta en regla, es necesario sopesar las razones por las que se decide darle a un asunto un trámite urgente”, ha sostenido.
Una vez más, queda demostrada la importancia de La Suprema Corte de Justicia de la Nación como un contrapeso importante a la presidencia nacional, sin ella, el poder en turno podría tener la capacidad de manipular las leyes para sus propios intereses y perseguir a sus oponentes políticos. En este sentido, la existencia de contrapesos como la SCJN ayuda a prevenir abusos de poder y que la justicia se administre de manera imparcial y equitativa.
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