El Pleno de la Cámara de Diputados en México ha aprobado por mayoría calificada, el proyecto que reforma los artículos 55 y 91 de la Constitución Política para reducir la edad necesaria para ocupar cargos públicos. En concreto, el proyecto establece que se podrá ser diputado con 18 años cumplidos y Secretario de Estado con 25 años cumplidos, en lugar de 21 y 30 años, respectivamente.
El objetivo de la reforma es abonar a los principios de no discriminación y de igualdad establecidos en la Constitución Política, así como garantizar los principios de congruencia y reciprocidad en la Carta Magna. Según los promotores de la reforma, permitir que los jóvenes puedan aspirar a cargos públicos sin restricciones de edad es un paso importante para fortalecer la cultura de la participación política y abonar en su inclusión.
Los defensores de la iniciativa argumentan que esta reforma es un hecho histórico que permitirá que los jóvenes ejerzan sus derechos políticos y abonará al cambio del estereotipo que relaciona la juventud con la inmadurez, incapacidad, flojera y apatía a la vida pública.
Sin embargo, también hay voces críticas que apuntan a los posibles riesgos de tener diputados y secretarios de Estado muy jóvenes. Una de las principales críticas es que a muy temprana edad se carece de la experiencia y la madurez necesarias para ocupar cargos públicos importantes como una diputación, lo que podría llevar a errores o decisiones equivocadas que tendrían graves consecuencias para el país. Además, se teme que la presencia de jóvenes inexpertos en los cargos públicos pueda debilitar la calidad de la gestión pública y la gobernanza en general.
Otra preocupación, es que los jóvenes que lleguen a estos cargos puedan ser fácilmente manipulados por los políticos más experimentados y los grupos de poder que buscan imponer sus intereses. Los jóvenes que ingresen en la política sin la formación adecuada y sin las habilidades políticas necesarias podrían convertirse en títeres de otros actores políticos, lo que podría afectar seriamente la independencia y la autonomía de las instituciones.
Sin embargo, la reducción de la edad mínima puede generar una mayor competencia en los procesos electorales con la apertura a nuevos espacios o gremios que tomen en cuenta las causas y las inquietudes de las nuevas generaciones.
Es importante tener en cuenta que los jóvenes que buscan cargos públicos tendrán que pasar por un proceso de candidatura o elección, lo que significa que tendrán que ser votados y para ello deberán demostrar su capacidad para liderar y representar a su comunidad. Aunque algunas voces pueden argumentar que los jóvenes pueden carecer de experiencia y preparación, hay que considerar que la edad avanzada tampoco garantiza la capacidad o la honestidad en un líder político. Qué mejor ejemplo tenemos de ello con muchos de nuestros legisladores actuales.
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