La militarización que no ha dado resultados
El reciente anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner a la Guardia Nacional bajo control de la Secretaría de la Defensa y en esa medida entregar la seguridad pública a los militares, ha desatado una intensa polémica al interior y exterior del país.
Primero, por la forma en la que pretenden hacerlo realidad, al estar imposibilitado de cambiar la Constitución, el Presidente hace uso de vías jurídicas alternas para ganar tiempo o dar por hechas sus posturas; lo hemos visto en su intento de contra reforma energética y con la construcción del tren maya.
Para López Obrador, como sus adversarios han utilizado supuestos vacíos legales para detener sus obras, recurriendo a amparos, reclamos ambientales o clausulas de tratados comerciales, asume que él está moralmente habilitado a cualquier cosa con tal de hacerlos realidad, aunque eso implique violar la constitución.
Segundo, por las implicaciones de la militarización del país. La presencia de militares en tareas de seguridad debe ser, de acuerdo a los estándares internacionales, de carácter extraordinario y excepcional, regulada por un marco legal, supervisada por órganos civiles competentes, subordinada a un mando civil y solo en funciones que garanticen el acompañamiento de las corporaciones policiacas civiles.
Esta política, además de ignorar las recomendaciones de organismos internacionales y traicionar el carácter civil de la Guardia Nacional aprobado en el Congreso de la Unión, lleva a México por el camino de una dictadura con presencia permanente de militares en las calles y con un manto de impunidad para el crimen organizado que cada vez más se adueña de territorios y plazas, mientras que la Guardia reprime a la ciudadanía y persigue migrantes.
Llevamos más de dos décadas en el intento de sanear a las corporaciones policiales sin resultados satisfactorios. Las ejecuciones, las extorsiones, los secuestros y la desaparición de familiares, se han convertido en cosa del día a día y la capacidad de fuego de los ejércitos paralelos supera desde hace rato a la de los elementos de seguridad.
En un lejano 2010, AMLO prometió que no permitiría que el país se militarizara. Decía que él deseaba ser Presidente para que en lugar de militares en su gabinete, tendrían que haber secretarios de Economía y de Educación. El discurso de antaño ya lo borró de su mente, obligando también a borrarlo a sus cercanos.
Este acuerdo inconstitucional es el síntoma de la desesperación presidencial ante los lamentables resultados de decisiones que nos consolidan como un Estado fallido en manos de grupos criminales.
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