¿Dónde quedó la Sonora Ciudadana?
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El ejecutivo estatal, presentó el proyecto de dictamen de decreto que reforma el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado (SEA), de acuerdo con lo que se lee en el boletín oficial del Congreso este busca fortalecer el combate a la corrupción dentro de la administración pública del Estado y los municipios.
La iniciativa presentada, impacta diversas normatividades con el fin de diseñar e implementar estrategias que permitan contar con mejores herramientas para el combate a la corrupción, lo cual de entrada se lee bastante bien, sin embargo, los colectivos ciudadanos no piensan lo mismo y por el contrario, han manifestado su preocupación sobre algunos puntos de dicho proyecto.
El Sistema Anticorrupción nace impulsado desde la sociedad civil y brinda, precisamente, una pequeña ventana para que las agrupaciones sociales tengan la oportunidad de señalar esos recovecos institucionales en los que existe opacidad y pueden darse con facilidad casos de corrupción.
Por ende, resulta interesante que, para presentar dicho dictamen, no se tomará en cuenta a los actores ciudadanos que conforman al SEA, como a los mismos integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), responsable de la vinculación con organizaciones de la sociedad civil y la academia dentro del SEA.
El posicionamiento que sale del Colectivo Ciudadano por Sonora, conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil, señalan algunos puntos que debilitan la participación ciudadana dentro del SEA entre ellos alegan los siguientes:
El primero, toma en cuenta la especialización de los perfiles que conforman el CPC, ya que sin esta especialización conforme a sus atribuciones y funciones permite designar a los perfiles más idóneos. El segundo señalamiento, es la eliminación de la experiencia y conocimientos técnicos para los integrantes del CPC, ya que sus funciones son meramente técnicas, de apoyo, es decir, un vínculo entre el SEA y la sociedad civil, necesitan ese tecnicismo. El tercer punto, es que se le dota a los integrantes del CPC un carácter de servidores públicos de alta jerarquía, por proceder contra ellos juicio político, y no así sus honorarios, que los pone en un nivel que no es el de toma de decisiones dentro de los entes públicos, lo cual resulta contradictorio y puede inhibir la participación de la ciudadanía para formar parte de dicho comité.
Creo que este último punto es de especial relevancia, porque evidentemente pone en una situación de vulnerabilidad a las y los ciudadanos que quieren participar en estos procesos, porque imagina, que el hecho de tratar de ser un actor de cambio podría llevarte a tener un juicio político, una figura que la Constitución contempla para los altos mandos jerárquicos y para aquellos que fueron electos por el voto ciudadano.
Te dan todas las responsabilidades de un cargo público, sin tener todos los beneficios de ser servidor público, por ejemplo, seguridad social. Esto, sin duda, es un foco rojo que a primera vista parece un intento por controlar e inhibir la participación, o bien, una advertencia para aquel ciudadano o ciudadana que se atreva a señalar o dejar al descubierto aquello que le es incómodo al gobierno en turno.
Aún no está todo dicho ya que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, abrió el espacio al diálogo por medio de la diputada Rosa Elena Trujillo secundada por la diputada Ernestina Castro, para que los colectivos ciudadanos puedan presentar propuestas para fortalecer con esta visión de sociedad civil, esta iniciativa que puede poner en riesgo la posibilidad de que la ciudadanía participe en la agenda ciudadana, algo que de ninguna manera debe ocurrir, no se debe retroceder en este tema.
Respondiendo a la pregunta del título de esta columna, ¿dónde quedó la Sonora Ciudadana?
Atrás quedó la Sonora Ciudadana, que Guillermo Noriega Esparza, actual contralor del estado, abanderó con la consigna de alentar a las juventudes y decirles que se podía incidir en el ámbito público desde otras plataformas como la sociedad civil.
Cuando el Contralor presentó la nueva Ley de Responsabilidades y Sanciones, comentó en la rueda de prensa que le faltaba presentar la Ley que reforma el Sistema Estatal Anticorrupción. Noriega Esparza tiene una gran trayectoria de trabajo desde la sociedad civil, misma que le brindó una plataforma política que le ha valido diferentes cargos en la administración pública, por lo que es difícil pensar en un Memo Noriega ajeno a este tema, sin embargo, la poca sensibilidad que muestra la Ley para fomentar la participación ciudadana.
Simplemente resulta incongruente que un funcionario que nace y se hace en la sociedad civil, ahora pareciera darle la espalda a ese trabajo o a la sociedad civil que se esfuerza en señalar la urgencia de implementar políticas públicas integrales, que combatan la corrupción y la opacidad, al tiempo que impulsen la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública.
Es indispensable contar con instituciones efectivas que no sólo garanticen el derecho de acceso a la información, sino que brinden información oportuna a los ciudadanos para que éstos tengan elementos suficientes, para exigir a sus gobiernos un desempeño efectivo, que se traduzca en mejorar la calidad de vida de todos.
II
Salud H para trabajadores de Hermosillo: ¿beneficio o riesgo?
En entrevista para Nuevo Sonora, el secretario de la consejería jurídica del estado, Adolfo Salazar Razo, declaró que los municipios tienen el compromiso legal con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) de cumplir con las aportaciones de las y los trabajadores.
Es decir, que no es facultad de los ayuntamientos decidir si continúan o no con los servicios del Isssteson, tal como está ocurriendo actualmente en el Ayuntamiento de Hermosillo. Lo que el Secretario asegura es, que si cada trabajador desea contratar un servicio de gastos médicos por su cuenta es un tema personal, sin embargo, las aportaciones a la institución no pueden cesar.
“No, el Isssteson le brinda el servicio de atención a todos los trabajadores, esa es la institución encargada, cada quien tiene el derecho de decidir en lo personal si contrata algún servicio de gastos médicos. Sin embargo, las aportaciones al Isssteson no pueden cesar y se tiene un compromiso legal de cumplir con esas aportaciones de los municipios y el Isssteson de dar el servicio que tiene que dar a los trabajadores”.
Si esto es como lo pintan, el alcalde Antonio Astiazarán podría enfrentarse a ser juzgado con la nueva Ley de Responsabilidades y Sanciones que ahora contempla como falta grave la omisión de aportaciones al Isssteson.
El artículo 3ro. de la Ley 38 del Isssteson declara que el Instituto “podrá” celebrar convenios con los ayuntamientos, así que puede ser que el alcalde esté tomando esté artículo como base para incorporar el sistema Salud H, sin embargo, lo que parece realmente preocupante para las y los trabajadores que decidan incorporarse a este régimen, es la falta de garantía en sus pensiones.
La administración municipal actual sólo estará tres años y no tiene forma de garantizar que el fondo de pensiones privado que ofrece no tenga afectaciones o bien, que desaparezca en un futuro, dejando así en incertidumbre a los más de 800 empleados que se inscribieron de manera “voluntaria” a este servicio.
Existe también una normatividad sobre el régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados de la administración pública nacional, estatal y municipal, por lo que habrá que analizar si la decisión que está tomando el ayuntamiento los servicios de salud de sus empleados no se contraponga con dicha ley. Le estaré dando seguimiento. ¡Hasta la próxima!
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