Por Alan Castro
Cuando Luis Fernando Rentería Barragán llegó a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora en marzo de 2022, lo hizo con la promesa de fortalecer la defensa de las víctimas y devolver al organismo su papel como contrapeso frente a los abusos del poder. Tres años después, el panorama que describen ex trabajadores, abogados, activistas y denunciantes es radicalmente distinto.
Dentro de la institución que debería proteger a las personas frente a la arbitrariedad del Estado, se ha denunciado un ambiente marcado por despidos masivos, acusaciones de acoso laboral, denuncias por discriminación de género y un estilo de conducción que ex colaboradores describen como autoritario y concentrado en el poder de su titular.
La paradoja es inevitable: la institución encargada de vigilar las violaciones a los derechos humanos ha sido señalada, desde el inicio y desde su interior, por prácticas que sus propios críticos califican como violatorias de derechos laborales y de dignidad humana.
Desde su llegada al organismo, Luis Fernando Rentería ha enfrentado una cadena de señalamientos que, con el paso de los meses, dejaron de ser episodios aislados para convertirse, según denuncias públicas y testimonios de extrabajadores, en un patrón de conflictos internos, despidos y confrontaciones que han erosionado la credibilidad del organismo.
Hoy, en medio de denuncias públicas y cuestionamientos políticos, su posible reelección al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha convertido en uno de los debates más incómodos para el Congreso del Estado. Porque la discusión ya no gira únicamente en torno a un nombramiento.
La pregunta de fondo es si un funcionario señalado por múltiples denuncias puede continuar encabezando la institución que representa el último recurso para las víctimas de abusos de poder. Porque definitivamente un violentador no puede defender los derechos humanos.
El arranque de una gestión turbulenta
El 15 de marzo de 2022, Luis Fernando Rentería Barragán rindió protesta como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo 2022-2026. Su llegada representaba una oportunidad para renovar el organismo autónomo encargado de proteger las garantías fundamentales de las y los sonorenses.
Pero apenas dos meses después comenzaron los primeros conflictos. El 22 de mayo de 2022, el periodista Alejandro Matty Ortega, ex coordinador de la Jefatura de Redacción de la propia Comisión, denunció públicamente que Rentería Barragán había iniciado su administración con despidos masivos injustificados dentro del organismo.
Según su testimonio, alrededor de 20 trabajadores fueron separados de sus cargos sin explicación ni procedimiento administrativo claro. Matty Ortega, con más de doce años dentro de la CEDH, fue uno de los despedidos. El periodista aseguró que fue removido incluso cuando se encontraba inscrito en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Definitivamente el presidente de la CEDH Sonora debe renunciar por su ineptitud e insensibilidad”, declaró entonces. Las críticas no se limitaron a los despidos. Según ex trabajadores, las decisiones administrativas comenzaron a generar un clima de incertidumbre dentro de la institución, con señalamientos de que el nuevo titular estaba desmantelando áreas completas del organismo.
Conflictos internos y tensiones institucionales
En septiembre de 2022, el Congreso del Estado tuvo que intervenir ante las denuncias presentadas por Andrea Escalante Antillón, titular del Órgano Interno de Control de la CEDH, quien afirmó que no se le permitía ingresar a las instalaciones ni acceder a información necesaria para cumplir sus funciones.
Durante la reunión de la comisión legislativa, la entonces presidenta del Congreso, Diana Karina Barreras, advirtió que Escalante se encontraba embarazada y que la situación podría constituir un caso de discriminación laboral.
Rentería Barragán negó las acusaciones y sostuvo que la funcionaria sí contaba con oficina y condiciones para trabajar, atribuyendo el conflicto a desacuerdos administrativos. Sin embargo, el caso expuso públicamente las fracturas internas dentro de una institución que apenas comenzaba su nueva etapa administrativa.
Denuncias de abuso de poder
Para 2023 las críticas ya no provenían solo de extrabajadores. El abogado Santos Morales Borbón, ex visitador adjunto de la CEDH, envió una carta pública al gobernador Alfonso Durazo denunciando lo que calificó como una gestión marcada por abusos de autoridad, opacidad y falta de resultados.
En el documento acusó al titular del organismo de ejercer un liderazgo basado en despidos arbitrarios y decisiones unilaterales.
También cuestionó la escasa emisión de recomendaciones por parte del organismo y la falta de acciones frente a problemáticas graves como abusos policiales, negligencias médicas o violaciones a los derechos de personas privadas de la libertad. Según Morales Borbón, la Comisión estaba perdiendo su papel como contrapeso institucional frente al poder.
Acusaciones de acoso y violencia laboral
Las denuncias escalaron en octubre de 2023 cuando una ex trabajadora denunció públicamente al ombudsperson por presunto acoso laboral y personal. La joven afirmó contar con audios y mensajes que demostrarían amenazas veladas y hostigamiento sistemático.
El caso se sumó a testimonios de extrabajadores que aseguraron que dentro del organismo prevalecía un ambiente de miedo e incertidumbre. Algunos señalaron que el número de despidos desde el inicio de la administración superaba las cuarenta personas.
Denuncias por discriminación de género
En mayo de 2024, el conflicto tomó una nueva dimensión cuando una ex empleada, Yracema Bojórquez Encinas, presentó una denuncia penal por discriminación en razón de género. La trabajadora denunció haber sido presionada para firmar su renuncia tras regresar de una licencia solicitada para someterse a un tratamiento de fertilidad.
Según su testimonio, al reincorporarse fue relegada de sus funciones y sometida a un ambiente laboral hostil. La ex empleada aseguró haber ganado el caso por la vía laboral, mientras continuaba buscando justicia en el ámbito penal.
La rebelión de las extrabajadoras
Las denuncias no se detuvieron. En noviembre de 2024, un grupo de ex trabajadoras de la CEDH entregó una carta al Congreso del Estado denunciando un patrón de hostigamiento laboral, acoso sexual y discriminación dentro del organismo.
Entre las firmantes se encontraban ex directivas y coordinadoras de áreas estratégicas de la institución.
Las denunciantes acusaron que las autoridades internas habían ignorado las quejas presentadas desde 2022, permitiendo que el ambiente laboral hostil continuará.
También exigieron que el Congreso analizará la destitución del titular del organismo en caso de comprobarse las acusaciones.
Cabe señalar que no solo ex trabajadores lo acusan, también lo acusan los trabajadores actuales que no pueden hacerlo públicamente por temor a perder su trabajo.
Muchos de los ex trabajadores que lo acusan son personas que él eligió y contrató, de liderazgo y eficiencia probada, a quienes despidió por no acceder a sus pretensiones de abuso.
No todos fueron despedidos, muchos renunciaron porque no aguantaron las injusticias y el hostigamiento.
De tal forma que el círculo cercano con el que llegó a la CEDH ya nadie trabaja con él, es el caso de Bolívar Portugal y sobre todo Christian Perez, su propio ex secretario particular el cual también sufrió discrimación y acoso.
El dilema político del Congreso
La controversia alcanzó un nuevo punto crítico en febrero de 2026, cuando Luis Fernando Rentería Barragán compareció ante el Congreso del Estado en medio de cuestionamientos sobre su posible reelección.
Colectivos y activistas señalaron la contradicción de que una persona señalada por violencia laboral y de género aspire a continuar al frente de la institución encargada de proteger a las víctimas de abusos.
La exigencia central es la aplicación estricta de la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia.
Para muchos observadores, la decisión del Congreso no solo definirá la continuidad de un funcionario. Definirá también la credibilidad misma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Porque un organismo defensor de derechos humanos vive, sobre todo, de su autoridad moral. Y cuando esa autoridad se pone en duda, toda la institución entra en crisis.
