Por Luis Fernando Heras Portillo
La Consejera Jurídica de Presidencia, Luisa Alcalde, difundió un listado con nombres y cuentas de periodistas, analistas y medios —incluido REFORMA— señalados como parte de una supuesta red digital contraria al gobierno. La reacción no se hizo esperar: periodistas, columnistas y hasta el propio coordinador de Morena en la Cámara de Diputados cuestionaron el ejercicio.
La comparación resultó inevitable. Voces como la periodista Carmen Aristegui recordaron que catalogar personas por nombre y apellido, exhibiéndolas públicamente, es una práctica que la historia ha vinculado a regímenes totalitarios. Cuando el poder señala en lugar de debatir, el mensaje que envía es peligroso.
Resulta significativo que la misma funcionaria que hoy elabora listas fue, en 2021, crítica de esas prácticas cuando las atribuía a gobiernos calificados de autoritarios. La memoria política es corta cuando conviene, y larga cuando se necesita señalar al adversario.
Un gobierno puede desmentir, aclarar o incluso litigar contra la prensa que considera injusta. Lo que no puede hacer, sin dañar el pacto democrático, es convertir espacios oficiales en tribunales públicos que etiqueten a comunicadores como enemigos, abriendo la puerta a la estigmatización, el hostigamiento o algo peor.
Cuando el poder deja de tolerar la crítica y empieza a catalogarla, la libertad de expresión no se pierde de golpe: se erosiona lista por lista, nombre por nombre. Y una sociedad que calla ante eso, tarde o temprano pierde también el derecho a preguntar.
