Por Luis Fernando Heras Portillo
El Infonavit ya reestructuró cerca de 4.9 millones de créditos considerados impagables: 238 mil familias recibieron condonación total, 1,258 millones tuvieron reducción de saldo y 3.36 millones fueron reestructurados. El argumento oficial es de justicia social: créditos de 50 u 89 mil pesos que, por el diseño de tasas en veces salario mínimo, terminaron generando deudas millonarias imposibles de pagar.
Es un argumento válido cuando se dirige a corregir un abuso comprobado. El problema aparece cuando el mensaje que llega a la sociedad no distingue entre reparar un daño y premiar el no pago: si las deudas con instituciones públicas, tarde o temprano, terminan por perdonarse, ¿qué incentivo le queda a quien sí puede pagar para seguir haciéndolo?
EL EJERCICIO MENTAL: SI LOS EMPRESARIOS TAMBIÉN DEJÁRAMOS DE PAGAR
Llevemos la lógica al terreno empresarial, así sea como ejercicio de pensamiento. Supongamos que el gobierno decidiera aplicar el mismo criterio de “condonación por justicia” a los créditos fiscales que miles de empresas mantienen con el SAT: que se perdonaran los adeudos históricos, los recargos, las actualizaciones acumuladas durante años. En automático, el país “quedaría parejo”: ni el trabajador que no pagó su crédito de vivienda, ni el empresario que no pagó su carga fiscal, ni —siguiendo la misma lógica hasta su extremo— el propio gobierno que tampoco estaría recaudando lo necesario para sostener sus programas.
La pregunta que se impone es elemental: si nadie paga, ¿con qué se financian las becas, las pensiones, la infraestructura y los programas sociales que hoy sostienen precisamente a las familias más necesitadas?. Un empresario que dejara de pagar impuestos bajo el argumento de que “también a mí algún día me lo van a perdonar” no está haciendo justicia social; está trasladando el costo de su decisión a los servicios públicos de los que depende el resto del país.
¿HACIA DÓNDE LLEVA ESTO AL PAÍS?
Ninguna administración responsable puede sostener, al mismo tiempo, una política de condonaciones recurrentes y una exigencia de disciplina fiscal a los demás actores económicos. La recaudación —del SAT, de la nómina, del consumo— es lo único que financia los programas sociales que hoy se presentan como logro de gobierno.
Si el mensaje dominante, en cualquier nivel —trabajador, empresario o gobierno mismo— se convierte en “no pasa nada si no pagas, eventualmente te lo van a condonar”, el país no camina hacia la justicia social: camina hacia un desequilibrio fiscal que, tarde o temprano, alguien tendrá que cubrir, ya sea con más deuda pública, más inflación o menos programas sociales en el futuro.
La justicia social auténtica no es regalar; es corregir abusos puntuales sin destruir el principio que sostiene a cualquier país solvente: que las obligaciones, sean de un trabajador, de un empresario o del propio Estado, se cumplen. De lo contrario, el desfiladero no es una metáfora exagerada: es la ruta lógica hacia la que conduce normalizar el no pago como política pública.
