La revisión del T-MEC en 2026 no será un trámite técnico ni un simple ajuste de cláusulas. Será, en los hechos, un examen político y económico que medirá el peso real de México en la integración regional. El proceso llega en un momento delicado: Washington vuelve a tensar la cuerda con amenazas arancelarias y discursos proteccionistas, mientras México busca defender un acuerdo que sostiene buena parte de su estabilidad productiva. Todo indica que la revisión se formalizará en el segundo semestre del año, tras una etapa previa de análisis y consultas.
La señal más inquietante viene de la narrativa estadounidense. Donald Trump ha dicho que el T-MEC es “irrelevante” para su país y que no necesita autos manufacturados en México o Canadá, reviviendo el argumento de “regresar empleos” y producción al mercado interno. Ese mensaje no es menor: anticipa una negociación en la que el tratado puede convertirse en moneda política, más cercana a la presión y al castigo comercial que a la cooperación.
En México, la postura pública ha sido de defensa. Claudia Sheinbaum ha subrayado que el T-MEC es clave incluso para Estados Unidos porque permite competir como bloque frente a China, y ha sostenido que existen condiciones para mantener el acuerdo, con respaldo del empresariado estadounidense. Marcelo Ebrard también ha planteado el objetivo de que el tratado no solo se mantenga, sino que se fortalezca. Sin embargo, México no puede llegar únicamente con confianza y buenos deseos: deberá presentar una estrategia sólida, con prioridades claras y un frente político interno alineado.
La industria automotriz —columna vertebral del T-MEC para México— ya anticipa una negociación difícil. No se trata solo de retórica: cualquier ajuste que afecte reglas de origen, aranceles o mecanismos como la tarifa 232 puede impactar exportaciones, empleo y cadenas de suministro. Esto pone sobre la mesa el verdadero riesgo: que la revisión se use para reducir la integración y promover una relocalización forzada hacia Estados Unidos.
México debe asumir el escenario realista: la revisión será dura y exigirá inteligencia diplomática. Defender los mecanismos de solución de controversias es esencial, porque sin paneles y reglas claras el tratado pierde sentido. También urge reducir flancos internos que alimenten presiones externas: certeza regulatoria, estabilidad para inversión y coordinación efectiva entre gobierno e industria. Y si bien diversificar comercio es deseable, debe ser una herramienta de negociación, no una salida resignada.
Para regiones como Sonora, esta revisión no es un tema lejano: es futuro inmediato. Nearshoring, industria automotriz, minerales estratégicos, energía e integración logística dependen de la estabilidad del acuerdo. La pregunta es directa: ¿México llegará a 2026 como socio indispensable o como país vulnerable? En esa mesa no se jugará una cláusula; se jugará el rumbo económico de todo el sexenio.
