- Encontrar el equilibrio entre los operativos de seguridad y la protección de la actividad turística debería ser parte central de la estrategia de los tres niveles de gobierno
Por Luis Carlos Bravo
Puerto Peñasco atraviesa desde hace días un escenario particularmente delicado. Operativos de seguridad, movilización de corporaciones estatales y federales, detenciones y acciones contra grupos delictivos han colocado nuevamente al municipio en la conversación pública, pero también han provocado preocupación entre residentes, comerciantes y prestadores de servicios turísticos.
La presencia de elementos de seguridad responde, por supuesto, a hechos que las autoridades están obligadas a atender. La AMIC ha encabezado operativos importantes y ha presentado resultados recientes en el combate a la delincuencia. Nadie podría sensatamente pedir que las corporaciones dejen de actuar cuando existen delitos que perseguir o situaciones que ponen en riesgo a la población.
El problema es que Puerto Peñasco no es cualquier ciudad. Es uno de los destinos turísticos más importantes de Sonora y una parte considerable de su economía depende de visitantes provenientes de Arizona y otras regiones de Estados Unidos. Por eso, lo que ocurre en materia de seguridad tiene un impacto casi inmediato en hoteles, restaurantes, comercios y servicios.
Hoy existe una percepción alterada sobre la seguridad en el destino y esa percepción termina pesando tanto como los propios hechos. Para un turista que se encuentra a cientos de kilómetros y decide su viaje a partir de lo que observa en redes sociales, medios de comunicación o comentarios de otros visitantes, una imagen de un operativo extraordinario puede ser suficiente para cancelar una reservación.
Es justamente en ese contexto que ciudadanos y comerciantes se han manifestado para pedir a la AMIC un cambio en la estrategia. El reclamo no necesariamente significa pedir que deje de actuar, sino que las acciones de seguridad se realicen bajo una dinámica que permita cumplir con su objetivo sin generar una afectación adicional a la imagen turística y comercial de Puerto Peñasco.
Y es un planteamiento que merece ser escuchado. Quienes hoy levantan la voz son también quienes abren todos los días un negocio, pagan nómina, reciben turistas y dependen de que la actividad económica continúe.
Cuando un visitante cancela un viaje, la afectación no termina en la recepción de un hotel. Detrás vienen restaurantes, farmacias, gasolineras, tiendas de autoservicio, vendedores de mariscos, prestadores de servicios turísticos y los tradicionales puestos de “curios”. Todos forman parte de una misma cadena que depende, directa o indirectamente, del dinero que deja el visitante.
Una habitación vacía también puede significar una mesa sin clientes, menos combustible vendido, menos compras, menos recorridos turísticos y menos ingresos para cientos de familias. En Puerto Peñasco, el turismo no beneficia únicamente a quienes se anuncian como negocios turísticos: mueve buena parte de la economía de la ciudad.
Por eso el debate no debería reducirse a seguridad contra turismo. Puerto Peñasco necesita ambas cosas. Necesita autoridad, investigaciones y operativos efectivos, pero también necesita cuidar la percepción de un mercado extremadamente sensible a cualquier señal de inestabilidad.
Pedir una modificación en la estrategia no significa pedir impunidad ni ausencia de autoridad. Significa buscar una coordinación más fina entre Federación, Estado y Municipio, que permita actuar con contundencia contra la delincuencia y al mismo tiempo reducir las consecuencias sobre la actividad económica.
Puerto Peñasco necesita seguridad, sí, pero también necesita turistas. Combatir al crimen y proteger la economía turística no deberían ser objetivos enfrentados. Encontrar ese equilibrio tendría que formar parte de la estrategia, porque proteger a Puerto Peñasco también significa proteger el sustento de miles de familias que dependen de que el visitante siga llegando.
