Hay algo profundamente contradictorio en la política mexicana, y Sonora no es la excepción, los años sin elecciones deberían ser momentos de reflexión, reconstrucción interna y debate programático, pero terminan convertidos en la antesala silenciosa de la siguiente contienda. Hoy, mientras el calendario oficial insiste en que no estamos en temporada electoral, las prerrogativas públicas fluyen con puntualidad quirúrgica hacia las arcas partidistas. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿para qué sirven los partidos en los años “muertos”?
En teoría, el financiamiento público busca garantizar equidad, fortalecer la vida democrática y evitar que los intereses privados secuestren la política. En la práctica, sin embargo, el dinero termina sosteniendo estructuras que pocas veces rinden cuentas claras sobre su utilidad social fuera de campaña. Las oficinas siguen abiertas, los equipos se reorganizan, las giras “institucionales” se multiplican y los liderazgos comienzan a asomar, todavía sin decirlo abiertamente, su aspiración rumbo al 2027.
Porque la realidad es esa: aunque falten meses para los procesos formales, la elección ya empezó en el terreno simbólico. Se mueve la narrativa, se posicionan perfiles y se afinan alianzas bajo el disfraz de agenda partidista. No es ilegal, pero sí revela una paradoja democrática: los recursos públicos destinados a fortalecer partidos terminan funcionando como el combustible silencioso de precampañas anticipadas.
A este contexto se suma un ingrediente clave: la discusión de una próxima reforma electoral que el gobierno federal ha puesto sobre la mesa y que distintos actores políticos ya observan con cautela. Desde la Presidencia se ha insistido en revisar los costos del sistema, simplificar estructuras y ajustar reglas de competencia; mientras tanto, partidos de oposición y liderazgos locales advierten que cualquier modificación deberá garantizar equilibrio y no convertirse en ventaja para quienes hoy gobiernan. Más allá de las posturas, lo cierto es que la reforma, si avanza en los próximos meses legislativos, podría redefinir tiempos, fiscalización y mecanismos de financiamiento justo cuando las fuerzas políticas ya están moviendo piezas rumbo al 2027.
En Sonora, donde el tablero político empieza a tensarse con miras a la sucesión estatal, el financiamiento público adquiere una dimensión estratégica. Cada peso invertido hoy puede traducirse mañana en estructura territorial, posicionamiento mediático o capacidad de movilización. Por eso, hablar de millones para partidos en un año sin elecciones no es un detalle administrativo: es una señal de que el reloj político corre más rápido que el calendario oficial.
Tal vez el verdadero desafío sea redefinir el sentido de estos años intermedios. Si la reforma electoral busca modernizar la democracia, tendría que empezar por transparentar el uso de los recursos y por obligar a los partidos a demostrar su utilidad pública más allá de las campañas. De lo contrario, seguiremos atrapados en la misma lógica: elecciones que parecen eternas, financiamientos que nunca descansan y ciudadanos que solo vuelven a ser protagonistas cuando el voto se vuelve necesario. Porque aunque el 2027 aún no llegue, en la política sonorense, y en la nacional, hace tiempo que dejó de sentirse lejano.
