En política, las señales suelen ser más importantes que los documentos, y lo ocurrido esta semana en la Cámara de Diputados manda un mensaje claro: Morena decidió cerrar filas antes de conocer el contenido final de la reforma electoral. El acuerdo para respaldarla “como venga” no solo revela una apuesta por la disciplina partidista, sino también un intento de blindar políticamente a la presidenta ante una discusión que, desde su origen, se anticipa polarizada.
Lo verdaderamente interesante no está en los cinco puntos adelantados —reducir costos de campañas, ajustar plurinominales o reforzar controles al financiamiento— sino en la admisión pública de que los aliados legislativos podrían no acompañar la iniciativa. El coordinador morenista habló de un “desacuerdo legislativo temporal”, frase que en el lenguaje parlamentario equivale a reconocer tensiones reales dentro de la coalición oficialista. Y ahí está el fondo del asunto: la reforma electoral no solo pone a prueba a la oposición, también exhibe los límites de la alianza que llevó al poder a la llamada Cuarta Transformación.
Porque más allá del contenido técnico, esta reforma parece diseñada como una narrativa política: austeridad electoral, reducción de privilegios y mayor participación ciudadana son conceptos que conectan con el discurso histórico de Morena. Sin embargo, el hecho de que el documento completo aún no sea público abre un margen amplio para la especulación y, sobre todo, para el cálculo político de sus aliados. El Verde y el PT saben que cualquier cambio en reglas electorales puede redefinir su peso específico en futuras elecciones, y ese es el verdadero campo de batalla.
Desde una perspectiva estratégica, Morena parece estar priorizando el control interno sobre la construcción de consensos externos. La votación anticipada dentro de la bancada, incluso antes de conocer la versión final del proyecto, refleja una lógica de cohesión que busca evitar fracturas públicas. Pero también revela una paradoja: mientras el oficialismo habla de ampliar la participación ciudadana, el proceso legislativo arranca con una fuerte disciplina vertical.
La pregunta de fondo no es si la reforma avanzará o no, sino qué tipo de sistema político está tratando de consolidar el nuevo gobierno. Si la iniciativa logra redefinir costos, representación y reglas del juego electoral, el impacto no se limitará al Congreso actual, sino que marcará la ruta rumbo a 2027 y 2030. En ese sentido, más que una discusión técnica, lo que estamos viendo es una disputa por el modelo de competencia política del futuro inmediato: una donde Morena busca reafirmar su hegemonía legislativa, incluso si eso implica tensar, aunque sea temporalmente, la relación con sus propios aliados.
