El pasado jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó las reformas y adiciones a la Ley de Amparo, que entrará en vigor el 17 de octubre. La rapidez con la que se aprobó el dictamen —tan solo horas después de recibirlo de la Cámara de Diputados y sin pasar por comisiones— evidencia una falta de transparencia y un desprecio por el debate legislativo necesario para una norma que podría afectar directamente los derechos de todos los mexicanos.
La oposición ha denunciado que la reforma es regresiva, al mantener disposiciones que podrían limitar la capacidad de los ciudadanos de protegerse frente a posibles arbitrariedades del poder. Aunque las autoridades alegan que no hay retroactividad y que los derechos adquiridos no se verán afectados, el historial de la legislación mexicana muestra que los matices procesales pueden ser interpretados en detrimento de la ciudadanía.
El tercer artículo transitorio, que ha generado especial polémica, ejemplifica la opacidad de este proceso: mientras se afirma que las actuaciones futuras se regirán por las nuevas disposiciones, el lenguaje jurídico es lo suficientemente ambiguo como para abrir la puerta a interpretaciones que restrinjan la protección efectiva del amparo. La Ley de Amparo no es solo un mecanismo legal; es un escudo frente a abusos de autoridad. Cualquier reforma que lo debilite debe ser discutida con rigor y transparencia, no aprobada con premura y con mayoría simple.
Esta reforma refleja un patrón preocupante: la concentración del poder legislativo y ejecutivo para modificar reglas fundamentales sin consulta ciudadana ni debate profundo. La prisa por promulgar la norma, junto con la minimización de las críticas opositoras, pone en evidencia que la prioridad no es fortalecer la justicia, sino garantizar un control político más eficiente sobre los tribunales y los procesos legales.
En consecuencia, la Ley de Amparo, tal como fue aprobada, representa un retroceso en la protección de los derechos fundamentales en México. La ciudadanía merece un marco legal claro, confiable y efectivo que le permita defenderse de posibles excesos del poder. La reforma, en cambio, deja más preguntas que certezas y abre la puerta a posibles arbitrariedades futuras. Urge que se revise con profundidad y se dialogue de manera amplia para garantizar que el amparo siga siendo lo que debe ser: un baluarte de justicia, no un instrumento de control.
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