El Congreso del Estado de Sonora se adentra en el periodo legislativo 2025 con una serie de desafíos estructurales que requieren atención inmediata y visión de largo plazo. En una de sus primeras decisiones, el Pleno aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Seguridad Pública que establece el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad en Sonora (Ficoseg), con el fin de fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia a través de una contribución adicional del 1% al impuesto sobre remuneraciones.
Este mecanismo busca dotar de mayor capacidad operativa a las corporaciones, en medio de un contexto estatal marcado por la inseguridad, el desgaste institucional y la desconfianza ciudadana. El reto, sin embargo, será garantizar que estos recursos sean aplicados con transparencia, sin opacidad y discrecionalidad.
Paralelamente, se han presentado iniciativas que tocan temas clave para el desarrollo sostenible del estado. Una de ellas busca elevar a rango constitucional la protección del agua, priorizando su uso para consumo humano y actividades primarias. Esta propuesta se da en un contexto de escasez hídrica, presión industrial y conflictos por la distribución del recurso, por lo que su discusión cobra especial relevancia. Otra iniciativa propone reducir del 30% al 10% el pago inicial requerido para acceder a convenios fiscales por adeudos, con el argumento de facilitar el cumplimiento entre los contribuyentes y reducir la carga administrativa del gobierno.
En materia ambiental, se reactivó el tema del derrame en el Río Sonora, ocurrido hace casi once años, con la instalación de una comisión especial para coordinar acciones que permitan una respuesta definitiva a las afectaciones que aún persisten. La comisión estará presidida por el diputado Fermín Trujillo Fuentes y trabajará en conjunto con autoridades estatales y federales. Las comunidades de la región afectada continúan demandando soluciones reales en temas de salud, agua potable e infraestructura, por lo que esta comisión representa tanto una nueva oportunidad como un compromiso pendiente con la justicia ambiental.
Asimismo, la Comisión de Minería del Congreso sostuvo reuniones con autoridades estatales y representantes del sector privado, en las que se reconoció la importancia económica de esta actividad para el estado. Sonora es líder nacional en producción de cobre y plata, y cuenta con una sólida base de capital humano especializado. No obstante, se señalaron retos relacionados con la necesidad de recuperar el Fondo Minero, fortalecer presupuestalmente la Dirección de Minería y crear un consejo estatal que regule la actividad con mayor equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
En el frente legislativo, se turnaron también iniciativas en materia social, fiscal y económica, algunas con potencial para mejorar condiciones locales si logran traducirse en políticas efectivas.
A pesar de estos avances iniciales, el Congreso de Sonora carga con una deuda histórica en temas fundamentales. Legislaturas anteriores se han caracterizado por la omisión deliberada en asuntos como la igualdad sustantiva de género, el reconocimiento legal de la interrupción del embarazo y la creación de mecanismos eficaces contra la corrupción. En lugar de asumir su rol de representantes de la voluntad del pueblo, optaron por la pasividad o la protección de intereses partidistas, especialmente en casos de funcionarios con señalamientos por malos manejos. Esta falta de acción erosiona la confianza ciudadana y debilita la legitimidad del Poder Legislativo.
La nueva legislatura tiene ahora la oportunidad de romper con ese patrón y recuperar la legitimidad del Congreso como espacio de deliberación democrática. Más allá de los acuerdos unánimes y las propuestas técnicas, la ciudadanía exige respuestas valientes frente a las desigualdades, la impunidad y la omisión institucional.
Legislar con integridad no implica sólo redactar leyes, sino enfrentar con claridad los temas que han sido ignorados por décadas. Si este Congreso opta por ejercer su rol con independencia y responsabilidad, no sólo fortalecerá el marco jurídico del estado, sino que también contribuirá a dignificar la representación popular en un momento en que la confianza pública sigue en juego.
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