El rancho del horror abrió sus puertas. En Teuchitlán, Jalisco, un terreno convertido por el crimen organizado en campo de adiestramiento revela uno de los capítulos más escalofriantes de la violencia en México. Restos humanos, cenizas, ropa infantil, juguetes y una montaña de zapatos sin dueño componen la escena que colectivos de madres buscadoras descubrieron el pasado 5 de marzo. Aquel lugar, bautizado por muchos como “el Auschwitz mexicano”, es la última muestra del infierno que habita detrás de las cifras: más de 124 mil personas desaparecidas en las últimas décadas.
Teuchitlán exige verdad y justicia, pero sobre todo, exige que esta vez no se repita el patrón de silencio, negligencia y encubrimiento institucional que marcó el caso Ayotzinapa. A meses de que Claudia Sheinbaum asuma la presidencia de México, el país le presenta su primera gran prueba de Estado: evitar que este horror quede, una vez más, sepultado en la impunidad.
El escenario es desolador. Desde septiembre del año pasado, la Fiscalía estatal había intervenido el rancho Izaguirre, donde rescató a dos personas, detuvo a diez y halló un cuerpo. Sin embargo, tras aquella operación, el lugar fue prácticamente abandonado. Ni las declaraciones de los sobrevivientes, ni las huellas dactilares, ni la propiedad del predio fueron investigadas a fondo. En los meses siguientes incluso se reportaron robos dentro del terreno. El precinto fue una simulación. El trabajo pericial, otra chapuza.
La gravedad del caso no reside solo en la violencia ejercida por el narco, sino en la negligencia de las instituciones que, por miedo o por complicidad, fallaron en su deber más básico: investigar. El propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha señalado públicamente los errores de la Fiscalía estatal. Y sin embargo, las víctimas siguen esperando respuestas. ¿Quiénes eran los jóvenes reclutados, entrenados y posiblemente asesinados ahí? ¿Cuántos pasaron por ese infierno? ¿A quién pertenecen los restos?
Las imágenes de los colectivos caminando entre el polvo, removiendo la tierra con los pies, encontrando calcetines, mochilas, cepillos de dientes, evocan un México que ha normalizado el horror. Un país donde los familiares de los desaparecidos se ven obligados a hacer el trabajo que debería hacer el Estado. “La única verdad es que no les importan los desaparecidos”, dijo una buscadora, y esa frase lo resume todo.
Frente a esto, el próximo gobierno tiene la obligación no solo moral, sino histórica, de actuar. Claudia Sheinbaum deberá asumir este caso como un parteaguas. Porque si se permite que Teuchitlán quede en el olvido, se habrá sellado el destino de miles de familias más.
Teuchitlán no puede convertirse en otro Ayotzinapa. No puede haber más años de incertidumbre, más padres muriendo sin saber qué pasó con sus hijos. Este caso exige que se esclarezcan los hechos hasta sus últimas consecuencias y que se castigue a todos los culpables: desde los autores materiales hasta los funcionarios que omitieron su deber.
Teuchitlán puede marcar el inicio de una nueva etapa en la política de verdad y justicia. Pero solo si el nuevo gobierno se atreve a romper con la indiferencia institucional que ha hecho del dolor una constante nacional. No basta con abrir los portones del rancho del horror. Hay que abrir también las puertas de la justicia.
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