Por Luis Fernando Heras Portillo
Desarrollador de Negocios
Como cada año, el 18 de marzo conmemoramos la expropiación petrolera de 1938, aquella histórica decisión del general Lázaro Cárdenas para recuperar el petróleo para los mexicanos. Este año, la fecha llega en medio de una incertidumbre internacional sin precedentes: 52 guerras dispersas por el mundo, grandes y pequeñas, y una feroz guerra comercial entre las potencias globales que arrastra a México a un escenario económico complejo, como parte del concierto de las naciones.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por Cuauhtémoc Cárdenas, anunció el inicio del proceso de reestructuración de Pemex, dando paso a una nueva etapa para la empresa. Con la promulgación de leyes secundarias, que fueron presentadas recientemente, se establece la integración vertical de la petrolera.
En términos prácticos, esto significa que Pemex dejará de ser una empresa productiva del Estado para convertirse en una empresa pública del Estado. En pocas palabras, la gigantesca deuda de Pemex, que la convierte en la petrolera más endeudada del mundo, ahora será responsabilidad directa del gobierno mexicano, es decir, de usted y de mí. Todos pagaremos lo que Pemex debe.
Con esta reestructuración, el gobierno comenzará a inyectar dinero bueno al malo, destinando más recursos a una empresa que opera con severas pérdidas. Además, Pemex podrá llevar a cabo actividades que, a diestra y siniestra, ya no serán consideradas monopolísticas ni ilegales, pues su nueva condición como empresa pública del Estado le otorgará un margen amplio de maniobra.
Lo mismo ocurrirá con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que mantendrá el 54% de la energía inyectada a la red eléctrica. Se contemplan tres modelos de autoabasto: los privados podrán participar en la generación de energía, pero se regulará el almacenamiento, la cogeneración y la infraestructura eléctrica.
En cuanto a Pemex, la petrolera tendrá preferencia para obtener asignaciones del Estado, podrá contratar servicios con privados y firmar contratos mixtos. Solo pagará un derecho petrolero del 30% para el petróleo y del 12% para el gas, lo que sin duda atraerá a inversionistas con información privilegiada.
No es casualidad que el hombre más rico de México, quien duplicó su fortuna durante el primer piso de la 4T, ahora invierta en petróleo a diestra y siniestra. Con acceso directo a la presidenta y a los actores que se fueron, tiene la ventaja de conocer las decisiones estratégicas con antelación, lo que le permitirá seguir multiplicando su riqueza.
Sin embargo, el panorama no es alentador. La calificadora Fitch ha dado un pronóstico demoledor: ha reducido a cero las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2025.
Es decir, si antes se proyectaba un crecimiento del 0.9%, ahora vamos rumbo a un estancamiento absoluto. Fitch considera que tanto México como Canadá están entrando en una recesión técnica como consecuencia de la política arancelaria de Donald Trump, lo que empeora las perspectivas económicas del país.
A esta situación se suma el fantasma de la corrupción, que sigue siendo un cáncer para México. El propio gobierno ha revelado irregularidades en la compra de medicamentos, con sobrecostos detectados en las licitaciones de Birmex por 13 mil millones de pesos. Este sobreprecio corresponde a tan solo 175 claves, lo que representa apenas el 6% de las licitaciones consolidadas.
Aunque los procesos aún no concluyen, la opacidad es evidente, con asignaciones directas y prácticas irregulares que dejan claro que la corrupción no se ha erradicado.
Recordemos que en el sexenio pasado, el presidente López Obrador reconoció que el caso Segalmex, con un desfalco de 15 mil millones de pesos, fue la mancha en su gobierno. Sin embargo, a la fecha no hay personas en la cárcel ni se ha recuperado el dinero. Ahora, con Birmex, la historia parece repetirse: 13 mil millones de pesos en anomalías y nadie responde.
¿A dónde vamos a parar? Quién sabe.
Un crecimiento económico del 0% en México tendría efectos negativos en el empleo, la inversión, las finanzas públicas y la estabilidad social. Sin embargo, con políticas fiscales y monetarias adecuadas, incentivos a la inversión, diversificación económica y fortalecimiento del mercado interno, es posible mitigar estos efectos y sentar las bases para una recuperación sostenible. La clave está en la coordinación entre el gobierno, el sector privado y la sociedad para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en un contexto .
Un análisis de las posibles consecuencias y algunas alternativas para mitigar o disminuir los efectos de una posible depresión económica nos arroja lo siguiente:
1. Desempleo y subempleo
– Un crecimiento nulo implica que no se generan nuevos empleos, lo que podría aumentar el desempleo y el subempleo. Esto afectaría especialmente a los sectores más vulnerables de la población.
– La falta de oportunidades laborales podría incrementar la informalidad, que ya es un problema estructural en México.
2. Reducción del ingreso familiar
– Con menos empleos y salarios estancados, el poder adquisitivo de las familias disminuiría, lo que afectaría el consumo interno, uno de los principales motores de la economía mexicana.
3. Disminución de la inversión
– Un escenario de estancamiento económico desincentiva la inversión privada, tanto nacional como extranjera, LO CUAL OBVIAMENTE ES UN BALAZO AL CORAZÓN DEL PLAN MÉXICO, debido a la incertidumbre y la falta de expectativas de retorno.
– Esto podría generar un círculo vicioso, ya que menos inversión implica menor capacidad productiva y, por ende, menor crecimiento futuro.
4. Impacto social
– El estancamiento económico podría exacerbar la pobreza y la desigualdad, ya que los grupos más vulnerables serían los más afectados por la falta de oportunidades y la reducción de servicios públicos.
– Aumentaría la migración, tanto interna como hacia el extranjero, como mecanismo de escape ante la falta de oportunidades.
El Gobierno Federal se vería en graves aprietos de flujo y tendría la tentación de adquirir más deuda externa para los proyectos de infraestructura o para redimensionar las finanzas públicas del país. Lamentablemente en estos escenarios el gobierno federal siempre busca que sean los empresarios y los contribuyentes, los que paguen más dinero con sus impuestos para resarcir de alguna manera los errores del mismo gobierno y de sus políticas económicas.
Lo único positivo que puedo rescatar es que la iniciativa privada no se quedará cruzada de brazos. Apostará fuerte por el nearshoring, sin importar que las inversiones extranjeras directas provengan de países distintos a EE.UU.
Por ello, se presentó un comité especial para la inversión y relocalización de empresas (nearshoring), el cual coordinará inversiones, dará seguimiento a proyectos e impulsará el Plan México. Este comité estará presidido por Max Elman, de Fibra Uno, uno de los fondos de inversión en bienes raíces más importantes del país, con presencia en parques industriales y centros comerciales.
Esta estrategia es clave porque la inversión privada tiene como meta alcanzar el 28% del PIB, lo que sería un motor crucial para la economía mexicana.
Por eso, insisto: la iniciativa privada y el gobierno de México deben ir de la mano, con coordinación estrecha y estrategias claras para salir adelante.
Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal socio comercial, pero México debe hacer un esfuerzo extraordinario para atraer inversiones de cualquier parte del mundo. Debemos fortalecer la promoción y la atracción de capitales, en lugar de concentrarnos únicamente en la batalla por los aranceles, el fentanilo y las disputas con Trump.
México no puede descuidar la captación de inversiones mientras otros países, como Costa Rica y Brasil, hacen todo lo posible por ganarse la confianza de los capitales extranjeros. De lo contrario, corremos el riesgo de perder terreno frente a competidores más agresivos.
Desafortunadamente, el panorama económico no pinta bien. Nos espera un camino complicado, donde será necesario trabajar con mayor intensidad, inteligencia y visión estratégica para enfrentar los desafíos que vienen.
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