El Gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una nueva coyuntura en la relación bilateral con Estados Unidos tras la decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas a partir de este sábado primero de febrero. La medida, basada en preocupaciones sobre el narcotráfico y la migración, podría tener implicaciones económicas y comerciales significativas.
Desde su campaña, Trump había señalado su intención de implementar políticas más estrictas en estos temas, incluyendo redadas y deportaciones, además de endurecer su estrategia contra los cárteles. Tras su victoria en noviembre, el Gobierno mexicano destacó la reducción del 76% en los flujos migratorios desde diciembre de 2023 y la incautación récord de fentanilo, equivalente a 20 millones de dosis. No obstante, la administración estadounidense consideró insuficientes estas acciones y confirmó la imposición de aranceles a partir del 1 de febrero.
Sheinbaum ha expresado su disposición a continuar con el diálogo diplomático y aseguró que México cuenta con diversas estrategias para responder a la situación. “Tenemos un plan A, un plan B y un plan C”, afirmó. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la Casa Blanca ratificó la aplicación de las tarifas, lo que podría impactar las exportaciones mexicanas y generar pérdidas estimadas en 10,000 millones de dólares para los consumidores estadounidenses.
El contexto actual es distinto al de 2019, cuando Trump propuso tarifas del 5%. En esta ocasión, el enfoque también abarca la lucha contra el narcotráfico, con la posibilidad de designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Asimismo, se han reactivado políticas migratorias más estrictas, como la emergencia nacional en la frontera y la reimplementación del programa “Quédate en México”, que requiere que los solicitantes de asilo permanezcan fuera del territorio estadounidense mientras esperan resolución.
Ante este panorama, el Gobierno mexicano ha desplegado una estrategia integral. Marcelo Ebrard encabeza la respuesta comercial y evalúa posibles medidas recíprocas, Rosa Icela Rodríguez supervisa la política migratoria, y Omar García Harfuch refuerza las operaciones contra el crimen organizado. Juan Ramón de la Fuente, como canciller, mantiene un diálogo constante con la administración estadounidense y coordina la asistencia a los cinco millones de mexicanos residentes en EE.UU.
México busca mantener la estabilidad en la relación bilateral y evitar una escalada en las tensiones comerciales y diplomáticas. Sheinbaum ha insistido en un enfoque de responsabilidades compartidas en materia de seguridad y migración. Sin embargo, la incertidumbre persiste, con presiones en la frontera, desafíos en seguridad interna y volatilidad económica. A medida que avanza este proceso, el desenlace de estas negociaciones será clave para definir el futuro de la cooperación entre ambos países.
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