Por Luis Fernando Heras Portillo
Desarrollador de Negocios
Curiosidad, inquietud, dudas, son quizás las premisas más importantes que tenemos los provincianos, es decir, todos aquellos que vivimos en los Estados de la República que no están en el centro del país o en el sureste, donde comúnmente se invierten los recursos del presupuesto de egresos de la Federación cada año.
Hemos vivido seis años, literalmente seis años, en los que desapareció la inversión del gobierno federal en los programas de desarrollo regional, es decir, el dinero destinado a las propuestas de los gobernadores de los estados y los presidentes municipales, a través de sus diputados federales, quienes son representantes del pueblo y tienen la facultad exclusiva de aprobar, modificar y corregir el presupuesto de egresos de la Federación. En otras palabras, deciden el gasto público del próximo año.
De acuerdo con los reglamentos internos de la Cámara de Diputados, el presupuesto debe aprobarse el 20 de noviembre de cada año, para que los mexicanos puedan disfrutar, sufrir o vivir la asignación de recursos. Existe, sin embargo, una práctica nociva para el espíritu democrático y el federalismo: el presidente en turno envía el presupuesto de egresos de la Federación el 8 de septiembre desde la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación.
Recordemos que en este sexenio atípico, la presidenta de México, la nueva presidenta, asumió el cargo el primero de octubre. Esto significa que el paquete económico enviado al poder legislativo para su revisión, discusión y aprobación fue elaborado por el gobierno anterior. Cabe aclarar que el secretario de Hacienda que preparó ese paquete y lo envió a la Cámara de Diputados es el mismo del actual gobierno, Ramírez de la O, lo que sugiere que la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de acuerdo y participó en su elaboración.
Ya como presidenta electa, ella anunció que se destinarían alrededor de 200 mil millones de pesos para reactivar la relación con los gobernadores y alcaldes, priorizando las obras necesarias y urgentes en cada región del país, en las 32 entidades federativas y en los principales municipios, de acuerdo con las necesidades que sus autoridades, en contacto diario con la ciudadanía, tienen claramente identificadas.
Es evidente que, al vivir en un régimen presidencial pero federalista, la federación está obligada a destinar, de los impuestos recaudados en todo el país, una parte a los estados de la República. Surge entonces la inquietud, la duda, la preocupación y hasta el asombro sobre cuáles serán las obras que se incluirán para beneficiar a Sonora, Sinaloa, Baja California, Jalisco y Quintana Roo.
Los presidentes municipales y gobernadores han sufrido una sequía de recursos federales durante seis años, una sequía de recursos que les corresponden legtimamente para llevar a cabo las obras prioritarias y urgentes, así como para cumplir los compromisos asumidos en sus campañas con la ciudadanía que gobiernan.
Es un buen momento, un punto de inflexión, para saber si la nueva presidenta de México tiene vocación federalista y municipalista, y si apoyará con dinero, no con discursos ni con grandes planes nacionales.
Lo que se espera es que, en estados como Sonora, no solo se anuncien planes como el de Sonora Energía, sino que lleguen recursos concretos, con obras etiquetadas, para que los gobiernos estatales y municipales puedan ejecutarlas. Esa es la inquietud y la duda que pongo sobre la mesa.
Si el país está cambiando gradualmente con un estilo de gobernar personal, con “aroma de mujer” y características distintas, con una presidenta que escucha a los gobernadores y, seguramente, a los alcaldes, con una sensibilidad diferente y una visión directa en temas de responsabilidad y seguridad pública, entonces existe la esperanza de que México pueda recuperar la inversión en sus ciudades, municipios y estados.
Estas regiones exigen que no se les abandone, que puedan arreglar sus calles, construir mejores puentes y resolver problemas locales que, como provincia, bien merecemos, porque somos parte de la República Mexicana y de la federación de estados que componen este gran país.
Ojalá que la curiosidad se traduzca en acciones concretas, y conozcamos efectivamente si se acabará con el centralismo que nos asfixia por falta de recursos, no solo para los grandes sectores productivos, sino también para los estados y municipios, que no deben continuar “greñudos”, descuidados y llenos de baches. Solo con dinero federal se pueden resolver muchos de estos problemas, pero recordemos que ese dinero lo pagamos todos.
En fin, ojalá que la curiosidad no mate al gato, sino que beneficie a los municipios y ciudades de Sonora y de otros estados de la República, con dinero federal asignado para obras urgentes y necesarias, priorizadas por los legisladores federales y gobernadores estatales.
Gracias por leerme. Soy Luis Fernando Heras Portillo. Saludos.
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