El Senado mexicano está a punto de enfrentarse a una de las votaciones más importantes de los últimos tiempos: la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), una propuesta que ha generado controversia y polarización. Este domingo, a la 1 p.m., las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos analizarán y dictaminarán la minuta de esta reforma, con el objetivo de que el pleno del Senado pueda discutirla y votarla el próximo miércoles.
La propuesta ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados lograron una sólida mayoría. Ahora, el reto es conseguir lo mismo en el Senado, donde la situación es más ajustada. Desde la aprobación en la Cámara baja, el documento fue enviado rápidamente al Senado para su análisis, y de ser aprobado ahí, pasará a los congresos estatales, con la expectativa de que al menos 17 de ellos la ratifiquen antes de mediados de septiembre.
Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. La reforma ha despertado descontento entre los trabajadores del Poder Judicial, quienes han salido a las calles para manifestar su rechazo, bloqueando parcialmente la avenida Reforma en Ciudad de México. Ante esta situación, se ha planteado la posibilidad de que, si las protestas continúan, las sesiones del Senado se realicen en sedes alternas, como la antigua casona de Xicoténcatl o en los centros Bancomer y Banamex.
En medio de este ambiente tenso, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se enfrenta a un reto crucial: demostrar su capacidad para negociar con la oposición y asegurar la mayoría calificada que necesita para aprobar la reforma. Morena y sus aliados cuentan con 85 escaños, uno menos de los necesarios para lograr los dos tercios de la votación, lo que significa que necesitan al menos un voto más. Noroña ha asegurado públicamente que tiene confianza en que no solo obtendrán ese voto, sino que estarán “sobrados” para lograr la mayoría calificada.
La capacidad de Noroña para negociar con la oposición será puesta a prueba. Aunque algunos senadores, como Miguel Riquelme del PRI, ya han anunciado su voto en contra, el bloque oficialista ha estado buscando sumar los apoyos necesarios. Noroña ha mantenido una actitud firme, asegurando que “no hay poder en la Tierra” que detenga el proceso legislativo. Sin embargo, la oposición, liderada por el PRI y el PAN, ha sido clara en su postura de votar en contra, señalando que no se les ha dado suficiente tiempo para debatir y analizar a fondo la reforma.
Alejandro Moreno, dirigente del PRI, ha denunciado presiones por parte del oficialismo hacia los legisladores de su partido, lo que ha tensado aún más el ambiente en el Senado. Aun así, la oposición se ha organizado, asegurando que todos sus miembros estarán presentes para la votación y que votarán en contra de la reforma, lo que añade más incertidumbre al resultado.
La reforma al Poder Judicial, que propone la elección de jueces y magistrados por voto popular a partir de 2025, ha polarizado el debate. Para muchos, representa un cambio profundo en el sistema judicial del país, mientras que para otros, es una amenaza a la independencia del Poder Judicial. La discusión está lejos de ser solo técnica: es una lucha política que está dividiendo a los partidos y poniendo a prueba la habilidad de Noroña para negociar y encontrar soluciones.
El próximo miércoles será decisivo. Si Noroña y su equipo logran obtener el voto que les falta, habrán demostrado una capacidad de negociación que marcará su liderazgo en el Senado. Pero si la oposición se mantiene firme, la reforma podría enfrentarse a un obstáculo importante en su camino hacia la aprobación final. El resultado de esta votación no solo afectará al Poder Judicial, sino que también tendrá implicaciones profundas en el panorama político de México.
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