“Un atentado contra la democracia”, Damian Zepeda sobre el Plan B de la Reforma Electoral
Por Jaime Almada y Emmanuel Quintana
“Le va haciendo tantos cambios a la ley, en donde le va quitando tantas facultades al INE, que lo deja mutilado, lo deja incapacitado para poder hacer su trabajo ¿cuál es el trabajo del INE? Garantizar elecciones libres y democráticas en este país” sentenció Damián Zepeda Vidales, en relación con el Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con la reciente aprobación del Plan B del presidente López Obrador, el cual plantea realizar reformas en materia electoral, el Senador de Sonora, Damián Zepeda Vidales, explicó que después de que Morena no logró cambiar la Constitución, se propuso un plan B que se basa en leyes secundarias, es decir, leyes federales nacionales que aplican en todo el país, pero no son la Constitución.
Zepeda Vidales expusó que la propuesta inicial de la reforma era la elección con base en el voto directo de los ciudadanos, lo que añadió, podría ser fácilmente manipulado. La preocupación es que se pueden presentar casos como el del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, quien hoy es gobernador en Morelos, que podría ser elegido como consejero del INE debido a la preferencia electoral de los partidos que simpatizan con el Presidente.
El congresista puntualizó que el plan B de la reforma electoral es peligroso por cuatro razones principales. En primer lugar, dijo que le quita facultades al INE, “dejándolo mutilado e incapacitado para garantizar elecciones libres y democráticas en el país”. “Si se implementa esta reforma, significaría despedir a más del 80% del personal del INE, incluyendo aquellos que actualizan la sección electoral y entregan las credenciales para votar, entre otros” sentenció.
En segundo lugar, el parlamentario mencionó que la reforma permite al gobierno hacer propaganda gubernamental, lo que podría ser utilizado por cualquier gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, para inclinar la balanza a favor del partido en el poder. “Esto es especialmente preocupante en el contexto actual en el que el gobierno federal es el centro del debate”.
Como tercer acto dañino, habló sobre que “le quitan dientes a las autoridades electorales, se quieren portar mal, no hacer caso”, dio como ejemplo las reglas de fiscalización, o la regla de no aceptar dinero ilícito en las campañas y explicó que su motivo es que no les puedan quitar las candidaturas.
Finalizando con los actos dañinos, el último de estos, que Damián Zepeda destacó como uno de vital importancia, es la transferencia de votos, la cual sentenció como un fraude electoral. “Querían que tú, sin votar por un partido político y si le das el voto a otro partido, ese partido pudiera hacer un convenio y regalarle votos a la chiquillada, a los partidos que no se ganaron los votos” dijo el senador.
Añadió que esta actividad la lograron detener, pero explicó que no fue desechada por completo, “simplemente no la enviaron al paquete para publicarla”.
En ese tenor, expuso que de existir esta transferencia de votos, le costará dinero a los ciudadanos, “le tienes que pagar a los partidos políticos por haber tenido vida” desarrolló.
Concluyendo con ese tema, el senador expresó que la aprobación de los puntos del plan B de la reforma electoral ha generado preocupaciones significativas en México. Los detractores de la reforma argumentan que esta mutilaría al INE y permitiría la propaganda gubernamental, lo que podría tener un impacto negativo en la democracia y la transparencia del proceso electoral en el país.
Ya desarrollados sus puntos, el representante de Sonora en la cámara alta dijo que la marcha realizada la semana pasada fue en torno a que se realice una impugnación de estas nuevas reformas, sentenció a que “ningún partido de oposición se cuelgue la medalla de la marcha”, donde destacó que la gran mayoría de los ciudadanos que asistieron no pertenecen a ningún partido político.
Tras la aprobación del Plan B en las cámaras, Zepeda Vidales comentó que el siguiente trámite es la impugnación del mismo, proceso que ya ha comenzado en una parte del proyecto y que se espera que se complete en su totalidad. Una vez que el proceso de impugnación termine, el caso será remitido a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la responsabilidad de decidir si la ley es constitucional o no.
Asimismo dijo que “La Suprema Corte de Justicia tiene dos opciones a la hora de decidir el futuro del Plan B”. Por un lado, expresó que puede decidir que la ley es constitucional y permitir su entrada en vigor. Por otro lado, la Corte puede declarar que la ley es inconstitucional, lo que significa que no podrá ser aplicada.
Explicó, que para la declaración de inconstitucionalidad de una ley, se requiere de una mayoría de ocho de los 11 ministros y ministras que integran la Corte. Sin embargo, manifestó que el hecho de que el gobierno tenga cuatro ministros y ministras a su favor, que puedan votar en contra de la inconstitucionalidad, ha generado preocupación entre la sociedad. “Como ejemplo, en la historia reciente, se han dado casos en los que los ministros y ministras han decidido a favor del gobierno, incluso cuando la decisión no parecía tener sentido común”
Ante esta situación, se ha generado una manifestación ciudadana para exigir que la Corte tome decisiones justas y acordes a la Constitución. “Los ciudadanos han pedido que la Corte entienda que su trabajo es con los mexicanos y con la Constitución, no con el presidente en turno. La importancia de esta manifestación radica en la necesidad de proteger la democracia y el Estado de derecho en México”.
En ese sentido, el senador comentó que en vista de que no existen plazos para resolver, ha presentado una iniciativa para resolver ese problema en la Corte. Explicó que según la Constitución mexicana, todos los ciudadanos tienen derecho a que los juicios sean llevados en un tiempo cierto, sin embargo, la Corte no cuenta con un plazo para resolver. La iniciativa propone un plazo máximo de 90 días para resolver, lo que se asemeja a los plazos de países como España, Chile y Perú.
El senador envió un mensaje al Gobierno, al presidente López Obrador y a Morena para que respeten la democracia y el voto libre de los mexicanos. Mientras que reconoce que la gente votó mayoritariamente por López Obrador, recuerda que el presidente no es un Dios ni un Rey, sino un funcionario público que debe respetar las reglas y la división de poderes en México.
Por último, se le cuestionó a Damián Zepeda Vidales sobre su intención de contender por la Presidencia de la República, a lo que expresó su inconformidad con el rumbo que ha tomado México y ha destacado que tiene una visión clara de lo que cree que el país debería estar haciendo. En particular, ha criticado la política de seguridad pública que se ha implementado en los últimos sexenios, la cual, según su opinión, ha fracasado, y comentó que convertiría el tema de seguridad en uno de sus principales pilares, sin dejar de lado el tema de crecimiento económico, buen sistema de salud y educación.
Se le preguntó si sería candidato por la alianza “Va por México” que integran PAN, PRI y PRD, a lo que contestó con que no cree en una alianza entre PAN y PRI, asegurando que no comparten visión de gobierno. Aunque declaró que si se encuentra en favor de las alianzas, siempre y cuando se tome en cuanto el pensamiento del ciudadano.
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