La consulta de revocación de mandato a realizarse el 10 de abril, que esta a la vuelta de la esquina, no sentará ningún precedente de que el poder se concentra en el pueblo, ya que este ejercicio no está siendo impulsado auténticamente por los ciudadanos, sino por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido político Morena, con una intención más política que democrática: dar mayor legitimidad y apoyo al mandatario federal en estos últimos 30 meses de gobierno.
Según la Constitución Política Mexicana la consulta tiene que ser convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el máximo órgano electoral de México. En enero, el INE anunció que se consiguieron las firmas necesarias para realizar la consulta de revocación de mandato de AMLO. En un comunicado, el INE informó que más del 3% del censo electoral, es decir, 2 millones 845.634 personas, se registraron a favor del referéndum, el requisito exigido por la ley.
Desde que se promovió la legislación respecto a este tema, la visión de López Obrador fue usar el mecanismo para fortalecer su marca personal y la de su gremio.
Ahora, ni siquiera los más optimistas de Morena tienen el objetivo de que la asistencia a las mesas de votación pudiera acercarse al límite legal para hacer vinculatorio el resultado. Este escenario requeriría la asistencia a las urnas de 37.5 millones de votantes. No hay condiciones ni siquiera de acercarse a esa cifra.
En este tenor, se puede afirmar que lo relevante de este ejercicio no será el resultado sino el nivel de participación. Por ello, el liderazgo de Morena y el propio presidente López Obrador se han molestado tanto con los límites legales establecidos por una ley que el propio partido en el gobierno aprobó y que han sido aplicada por el INE.
Obviamente, el presidente de la República y Morena ya tienen preparada la respuesta ante la posibilidad de que la asistencia a las mesas de votación sea baja. Es una historia que ya hemos visto. Se culpará al Instituto Nacional Electoral (INE) y se dirá que ha existido un intento deliberado de la autoridad electoral para bloquear la participación de la ciudadanía.
Consecuentemente, en el próximo período de sesiones que comienza en abril se presentaría la propuesta de reforma constitucional en materia político electoral para desaparecer al INE y reducir el financiamiento a los partidos políticos, reducir el número de diputados plurinominales, entre otros.
Una baja asistencia implicaría una derrota para Morena, también sería un triunfo para los opositores que alentaría tanto a sus candidatos a gobiernos estatales para junio de este año como a quienes busquen que haya una candidatura única a la presidencia en el año 2024.
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