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GUAYMAS, Son.- El domingo, el ejido San José de Guaymas hará su asamblea de la cual debe surgir el nuevo presidente de su Comisariado, a quien Gildardo Nájera Padilla entregará el mando en medio de problemas graves para esa entidad social.
Tan graves, que en pocos meses podría sentenciarse al ejido a pagar millonaria suma, producto de una demanda interpuesta en 2019 por el abogado Jesús Alberto Garza Osuna, quien agotó negociaciones sin lograr reconocimiento al adeudo por servicios profesionales de asesoría jurídica.
Garza, por cierto, presidió el Comisariado y no le fue bien con ejidatarios-propietarios, a quienes ubicó como un cacicazgo que aprovecha el incremento en el valor del suelo, para realizar operaciones al margen del ejido.
San José de Guaymas fue uno de los ejidos más extensos del país–el segundo, me dicen—y en sus épocas de dotación y restitución, resaltó por su producción agropecuaria, sobre todo cítricos.
Conserva estatus ejidal, pero sus 15 mil hectáreas fueron alcanzadas por la expansión urbana al no haber para dónde más crecer. Muchos de quienes aquella reforma convirtió en dueños vendieron y hoy se pueden realizar operaciones mixtas, pero se critica el oscurantismo en esos tratos.
Miles de hectáreas se vendieron, sin servicios, a partir de 300 pesos y en algunos casos hasta 6 mil por metro cuadrado. Sin embargo, los Ayuntamientos de la última década no reflejan ingresos fiscales por los montos que exigen los traspasos, ante la prosperidad alcanzada por el ejido.
Se supone que los principales beneficiarios de esa prosperidad, fueron quienes negaron reconocimiento al adeudo con el abogado Garza y lo retaron, más por diferendos políticos que por conveniencia legal. Lo minimizaron, dicen conocedores de la materia que saben de avances del juicio –expediente 189/2019–, llevado por el Juzgado Segundo de Distrito en Hermosillo, donde “está prácticamente por resolverse”.
El domingo se sabrá si las cosas cambiarán, pues uno de los principales indignados por el proceder de quienes arriesgan el patrimonio comunal, es Alejandro Robinson, quien lamenta lo que ocurre y decidió participar para buscar orden, pues al ver que hay errores en la conducción, descubre que no todos habrían sido involuntarios y han costado demasiado dinero. Y mucho de lo que se habría generado tampoco ingresa a la tesorería ejidal, cuyas arcas debieran contabilizar millones.
Parece tener todo para ganar la elección y hacer lo correcto, alejar amenazas y tender puentes, lo que no logró Nájera Padilla, aunque se le complicará la vida si toca intereses como los que tienen ahora metidos en líos de todos tipos a la organización social.
NOTARIO PIDE AMPARO
El notario público 79, Enrique Ahumada Tarín, tramita un amparo contra actos atribuidos a Jesús Manuel Ibarra Carreón, juez de Control del Distrito Judicial 1, y otras autoridades. La audiencia para resolver la petición será el 23 de febrero.
NO SE MATA LA VERDAD
En todo el país se manifiestan periodistas y alzan su voz para confirmar que no se mata la verdad.
Por ejemplo, compañeros del Estado de Campeche preguntan esto:
“¿Creen que somos periodistas por la mala paga, los horarios de tiempo completo o el peligro de que nos maten?
Somos periodistas porque existe un interés público y el bien común. Las personas anhelan comprender el mundo en el que se encuentran y crear uno mejor. Pero en estos tiempos desconcertantes, defender la verdad se ha convertido en una necesidad social urgente y debe obligar incluso a los no periodistas a rechazar fuertemente la violencia contra la prensa”. Cierto.
Lourdes Maldonado murió en Tijuana, abatida por balas de criminales, como cientos de informadores más.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dice bien, no se vale acusar sin pruebas ni juzgar a priori, y prometió estar atento a las investigaciones para hacer lo necesario y que haya justicia.
Eso es la buena noticia. La mala, que lo mismo dijo con dos asesinatos previos en la semana y docenas más de los últimos tres años. Y la sangre sigue corriendo.
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