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Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS, Son.- El gobernador Alfonso Durazo confirmó lo informado por la secretaria de Seguridad Pública, Dolores del Río, la fiscal Claudia Indira Contreras, y Sergio Méndez, delegado de la oscura Fiscalía federal, desde el domingo, sobre los “operativos permanentes” tras el atentado del jueves en Palacio Municipal, donde mencionaron “avances del seguimiento” y aumento de elementos de la Policía Estatal, Marina, Guardia Nacional y Sedena.
Hasta este martes, seguía vigente la información sobre el sicario abatido, un ex músico y albañil que por caer en las drogas sobrevivía limpiando autos, y 11 cateos en Guaymas donde se detuvo a 11 personas.
Frente a reporteros, amplió el gobernador hasta donde le permite la regla, pues debe informar la Fiscalía General, que hace su trabajo como organismo autónomo, aunque oficialmente se hizo cargo la instancia federal, de la investigación formal.
Anunció refuerzo a la seguridad con 100 elementos más de la Secretaría de Marina, 90 de la Guardia Nacional; y un reacomodo de policías estatales que agregó a 50 de ellos. Confirma seguimiento diario en la Mesa Estatal de Seguridad y así será hasta encontrar a los responsables.
La justicia espera al lado de doloridos amigos y familiares, sumada a la angustia de una población a la que el Estado entero se solidarizó, clamando por el orden que esta fuerza pueda lograr. Y el país está atento a lo que pasó en Guaymas, pues nos exhibe ante el mundo como una nación sometida por la violencia y la autoridad parece rebasada.
Prudente, la respuesta de Durazo cuando le preguntan sobre el comisario de Policía y Tránsito en Guaymas, Andrés Humberto Cano Ahuir y sus presuntos vínculos con la delincuencia, pues cada quien es responsable de sus actos, y un gobernador solo puede reclamar a cada colaborador, que tenga un desempeño ético y cumpla con su responsabilidad.
Cano cuenta con un certificado de control de confianza. Si se le acusa de algo, no se debe asumir como real tal información sin ser producto de una investigación; y puntualiza el gobernador, las baterías están enfocadas en ubicar y detener a autores intelectuales y materiales del hecho violento en Guaymas.
ICRESON, INVESTIGADO
Al gobernador le preguntaron sobre la “mala fama” del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, lo cual inhibe a inversionistas.
Destacó dos cosas: que los inversionistas hacen bien en considerar a Sonora, San Carlos, sobre todo, porque el puerto de Guaymas-Empalme “va a sufrir una transformación muy importante”, y se refiere a los 3 mil millones de pesos con los que se comenzará a modernizar la terminal marítima.
Y que en el Icreson iniciaron un “programa de saneamiento” para poner orden a partir de digitalizar y depurar papeleo, con una investigación paralela que expondrá el señalado tema del “cártel inmobiliario”, esa mafia de corredores, notarios públicos y empresarios cómplices de políticos cuya red ha estafado a muchos confiados propietarios.
En este momento, confirmó Durazo, hay “17 o 18 hechos fraudulentos que se están investigando” y adelantó que la Fiscalía General informa al gabinete de seguridad sobre el seguimiento puntual, porque una dependencia del Ejecutivo está involucrada.
SEVCE, NO SIRVE
Y el propio gobernador aceptó algo ya sabido:
Ese invento de uno de sus antecesores, el Servicio Estatal de Verificación del Comercio Exterior, ya no afectará a prestadores de servicios quienes pueden estar tranquilos, pues ya se acabó, “nada de retenes de pseudofuncionarios”, y acusa que eso era una práctica donde esa gente del Gobierno del Estado “tenían su negocio a 20, 50 kilómetros, allí estaban revisando… pues no, nada qué revisar”, sentenció.
Por si no se entendió, el Ejecutivo que llegó a limpiar la casa sucia remata: “Si sirviera, los pondría, pero si solo son para morder, pues no”. Ofreció “garantía total” de que ya no se presentarán “esos seudofuncioanrios” donde merodeaban.
Y siguiendo con el mandatario, habló de los parques industriales, alabando lo beneficioso del que opera el Ayuntamiento en Nogales –les deja en rentas más de 150 mil dólares al mes—, y la necesidad de ampliarlos en Guaymas y Empalme para la expansión del puerto, además de vigilar de cerca el de Ciudad Obregón, el que vendió Claudia Pavlovich antes de irse. Era un parque industrial de alta tecnología y fue subastado por el Gobierno del Estado, a precio de remate, pese a su ubicación privilegiada, colindante con el aeropuerto.
El gobernador platica con los compradores porque, lea usted bien lo que les dijo: “no voy a aceptar que hayan comprado para especular y que su negocio sea la plusvalía. Si van a desarrollar, respeto los resultados de la subasta; si van a especular, los impugnaré”.
Simpatiza el gobernador con la idea de que sean estos espacios un patrimonio de la ciudad, para que tengan ingresos propios.
Ah, el abandonado proyecto del “home port” en Puerto Peñasco es otro de los análisis con lupa, pues le han invertido 700 millones de pesos, y se ocupan aún mil 200 millones para terminarlo.
“Hay denuncias, ha habido todo tipo de corruptelas”, pero no se dejará tirada esa instalación.
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