El impune activismo electoral del Presidente
Al parecer, cuando la ambición de poder entra por la puerta, la coherencia sale por la ventana. El deseo desenfrenado por perpetuar el mando y autoridad ha llevado en múltiples ocasiones al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer lo que ayer como opositor criticaba con vehemencia.
Se supone que al Presidente de la República le está prohibido intervenir en los procesos electorales, ni siquiera está facultado a opinar públicamente sobre las elecciones o referirse en contra o en favor de partido alguno o coalición, aún así, existe un activismo presidencial en los procesos electorales en curso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que “está metiendo la mano” en los comicios electorales y aceptó que tuvo que ver con el que la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Electoral (FEDE) investigue a los candidatos a gobernador de Nuevo León, Adrián de la Garza, por el PRI y a Samuel García de Movimiento Ciudadano, por posibles delitos electorales y aseguró que “lo seguirá haciendo”.
El caso Nuevo León es un golpe más a la democracia por parte de un presidente que sigue conduciendo el país hacia el totalitarismo: nos ha demostrado que no reconoce límites legales ni democráticos; queriendo eliminar al INE, al IFAI, a la COFETEL, al INEGI, a CONEVAL, a la Comisión Federal de Competencia Económica, tomar decisiones que atentan la autonomía del Banco de México y doblegar a todo órgano del Estado que fue construido, precisamente, para poner límites a los abusos del poder por parte del Ejecutivo.
Lo de Andrés Manuel ya no es una campaña electoral. Ahora se trata de una campaña contra las reglas democráticas constitucionales que los mexicanos hemos construido en las últimas tres décadas para superar la era del presidencialismo.
Es una campaña para desmantelar la democracia e instaurar una nueva era de lealtad ciega de las instituciones a su merced, de asambleas a mano alzada, del dedazo, de la incuestionabilidad a sus decisiones.
El presidente López Obrador presume superioridad moral sobre sus antecesores en el cargo. Cada vez que puede recurre al discurso gastado del “no somos iguales”. Pero, en los hechos, la única diferencia ha sido la arrogancia y la impunidad con las que se pone por encima de la Constitución y la ley.
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