¿Cuáles son y por qué son importantes los organismos autónomos?
Desde el inicio de la autodenominada cuarta transformación hemos comprobado que al presidente no le gusta escuchar ideas que se contraponen a las suyas, especialmente cuando cuestionan alguna de sus propuestas de alto riesgo que comprometen lo que queda de estabilidad económica y política en el país.
Considerando que atravesamos por un escenario de adversidad como consecuencia de la pandemia, hoy más que nunca debemos estar al pendiente y cuestionar cualquier política que pueda tener consecuencias de alto riesgo.
No es que las intenciones del presidente sean malas, él hace cosas que a su criterio son buenas cuando menos en intención, pero omite o no toma en consideración o -peor aún- asume las consecuencias catastróficas que podrían pasar de no resultar sus planes.
El pasado 8 de enero, el presidente López Obrador realizó una reunión de gabinete para preparar una ‘reforma administrativa’, que conduzca a la eliminación de algunos órganos autónomos y derive en la absorción de sus funciones por el Estado. Esta intención formará parte de un paquete de cambios para el periodo ordinario del Congreso que comienza en febrero.
Este manotazo a la mesa por parte del Presidente, reaviva el pleito cantado con los empresarios del país, quienes se dicen hartos de la intolerancia y cerrazón de ideas del inquilino del Palacio Nacional, después de una primera ronda de propuestas que podrían tener un alto impacto económico como su afán de eliminar la figura del outsourcing como la conocemos.
Al presidente López Obrador por eso no le gustan. Siente que no son parte de su gobierno y que se mueven con criterios propios. Precisamente en su naturaleza autónoma radica la intención de su creación: los organismos autónomos funcionan de manera independiente, de manera que sirvan meramente a intereses de los mexicanos y no líneas políticas.
Hasta ahora, la estrategia no había sido desaparecerlos sino mantenerlos a raya a través de la sustitución de los integrantes de sus estructuras de gobierno por gente con lealtad -casi ciega- al presidente.
Pero, ¿cuáles son y por qué son importantes los organismos autónomos? desde la década de 1990 se comenzaron a crear organismos autónomos con rango constitucional.
En 1993 le dieron autonomía al Banco Nacional, o cuando en 1996 se incorporó el Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente el Instituto Nacional Electoral (INE). Además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1999 en la que el presidente ya ha inmiscuido a sus cercanos.
Pero adentrándonos en la actualidad, se otorgó autonomía al Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI), a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a la Fiscalía General de la República (FGR), estos dos últimos organismos apenas en 2014.
Los órganos autónomos se caracterizan por ejercer en un grado supremo funciones públicas, así como frenar, controlar y equilibrar a otros órganos que no tienen autonomía, por lo que la Constitución Mexicana los coloca en igualdad e independencia a éstos.
La Constitución establece directamente que estos organismos participan en la formación de la voluntad estatal pero no son soberanos. La autonomía a la que nos referimos tiene una doble vertiente: estos órganos son autónomos respecto de las demás instituciones gubernamentales para crear normas sin la participación de aquéllas.
Además, pueden organizarse y estructurarse de la forma que consideren más conveniente para cumplir con sus objetivos. Los órganos autónomos no están subordinados y no dependen de los órganos tradicionales, se trata de una independencia “relativa” -por así decirlo, ya que mantiene una relación cercana con aquéllos con los que colaboran, a los que rinden cuentas y a cuyo control están sujetos.
Ese fue el caso de algunos organismos del sector energético como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) o el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Ninguno de ellos es un órgano constitucionalmente autónomo. Y se ajustaron para que no estorbaran al cumplimiento de los objetivos de la política energética.
Pero aún son un importante contrapeso a decisiones polémicas como el intento por frenar la producción de energías renovables, donde la CENACE ha navegado contra corriente en el actual régimen para defender el desarrollo y uso de fuentes de energías limpias.
Otro ejemplo sería el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales –a través del cual se han obtenido los documentos que exhiben los actos de corrupción del actual gobierno– y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), encargado de regular a los proveedores de telefonía, internet y a la radiodifusión (radio y televisión), donde trabajan muchos de los periodistas que le incomodan.
Si con el poder relativo que ahora dispone ya hemos visto cómo ha intentado censurar y desprestigiar a los comunicadores más críticos hacia su administración: Carlos Loret, Víctor Trujillo (Brozo), Chumel Torres; no quisiéramos ver lo que podría pasar si se le otorgan mayores facultades.
Eliminar secretarías de Estado representaría un retroceso en materia de regulación, evaluación y control. Sería como retroceder un avance que se ha dado a lo largo de 30 años y avanzar hacia un totalitarismo radical.
Además habría que cerciorarse de que si esta decisión no viola los acuerdos estipulados en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estado Unidos y Canadá (TMEC) que en caso de omitirlos, podría derivar en sanciones o bloqueos con nuestros principales socios comerciales.
COMMENTS