Guardería ABC: 11 años sin que llegue la justicia
Cada mañana del 5 de junio, miles de personas marchan por la capital sonornese donde niños sueltan al aire 49 globos blancos que se desvanecen entre las nubes. Uno por cada bebé que murió en el incendio de la Guardería ABC la trágica tarde donde fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos con quemaduras, amputaciones, intoxicación, daño pulmonar, neuronal y psicológico.
Hoy, son adolescentes que junto a sus familias siguen peleando su caso en tribunales para exigir justicia.
La semana pasada, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) emitió 12 resoluciones de reparación del daño a las familias víctimas del incendio en la Guardería ABC, en la capital del estado.
La dependencia detalló que estas resoluciones integran los conceptos, evaluados monetariamente, de daño moral por víctima directa; daño moral por víctima indirecta; lucro cesante de la víctima directa e indirecta; gastos y costas; gastos de transporte, alojamiento y alimentación; becas educativas y, de haberse comprobado, daño físico y daño patrimonial.
La CEAV, sin dar a conocer los detalles del monto que entregará a cada familia, informó que las resoluciones fueron emitidas conforme a criterios “objetivos” que han sido utilizados en otros casos del mismo hecho victimizantes, “estableciendo montos que están por encima de estándares internacionales”.
Apenas a inicios de noviembre, una docena de padres de niños víctimas del incendio, saltaron una de las rejas de la Secretaría de Gobernación para llevar sus demandas al ejecutivo, entre ellas esta petición para que la CEAV emitiera resoluciones de las indemnizaciones reclamadas.
Ahora el Gobierno mexicano acordó garantizar la atención médica vitalicia a los sobrevivientes, que actualmente tienen entre 10 a 16 años y están en plena etapa de su desarrollo físico, algunos requieren intervenciones quirúrgicas frecuentes para hacerles injertos de piel; además de prótesis para suplantar sus extremidades amputadas como dedos, brazos, manos o piernas.
Si bien, es de reconocerle a las autoridades el haber escuchado los reclamos de los familiares, once años después y la justicia aún no se aplica.
Aunque un juez penal dictó sentencias condenatorias en contra de 19 personas, entre exfuncionarios del IMSS y particulares por los delitos de homicidio y lesiones no intencionales, e impuso penas de prisión de entre 14 hasta 30 años, actualmente muchos involucrados siguen en libertad. Sabemos que independientemente de cualquier monto para estas familias no hay consuelo posible porque nada es peor que la muerte de un hijo.
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